El Tribunal Superior de Bogotá, en segunda instancia, ha condenado a 63 meses de prisión al exsecretario Jurídico de la Presidencia, Edmundo del Castillo, y al jefe de prensa del Gobierno, César Velásquez, ambos funcionarios del Gobierno del expresidente colombiano Álvaro Uribe, por ser parte de una «empresa criminal dedicada a desprestigiar a la Corte Suprema de Justicia».

Dicho Tribunal ha concedido el arresto domiciliario a Del Castillo, sin embargo ha emitido una orden de búsqueda y captura a nivel internacional para Velásquez, quien no reside en Colombia desde hace años.

Cabe destacar que en primera instancia un juez absolvió a Del Castillo y Velásquez al determinar que las evidencias presentadas «no permitían verificar la materialidad de la conducta», y que de igual modo tampoco se podía comprobar que «tuvieron la contundencia suficiente para comprometer la responsabilidad de los acusados».

Las llamadas ‘chuzadas’ se refieren a escuchas telefónicas y seguimientos ilegales con el fin de intimidar a adversarios políticos, así como periodistas e incluso miembros de la sociedad civil de Colombia a cuenta de organizaciones paramilitares del país.

Sin embargo, en 2009 se investigó la posibilidad de que funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) hubiesen llevado a cabo este tipo de actos ilegales a líderes de la oposición, magistrados y trabajadores de los medios de comunicación, todo ello bajo la autorización del propio Uribe.

Tras estos hechos y la posterior investigación a cargo de la Fiscalía de Colombia, el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos tomó la decisión de disolver el DAS.