En las últimas horas la Corte Constitucional declaró el Estado de Cosas Inconstitucional y ordenó al Gobierno garantizar la seguridad de los excombatientes de las extintas Farc.

La decisión se produjo al fallar varias tutelas que estaban en revisión en el alto tribunal interpuestas por ex combatientes de las Farc de Guaviare y Nariño, quienes argumentaron que sus vidas corren peligro y las medidas del Gobierno han sido insuficientes por la amenaza en que viven de grupos armados.

La decisión obliga al gobierno a adoptar una serie de medidas urgentes para garantizar la seguridad de los firmantes del Acuerdo de Paz, entre las que se destacan:

• La Unidad Nacional de Protección tiene cuatro meses para reevaluar el riesgo que tienen los firmantes de paz e integrantes del partido Comunes, priorizando los esquemas de protección colectiva de los Antiguos Espacios Territoriales de Reincorporación para mantenerlos o fortalecerlos.

• El Gobierno Nacional deberá adoptar las medidas que hagan cumplir las garantías de seguridad establecidas en el acuerdo de paz, para facilitar la reincorporación efectiva y pronta a la vida civil de los desmovilizados y sus familias.

• Se deben priorizar las regiones afectadas por grupos armados y la ausencia del Estado, que según un informe de la ONU son 25 municipios ubicados en Antioquia, Cauca, Caquetá, Guaviare, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo y Valle del Cauca.

• El Ministerio del Interior y la Alta Consejería para la Estabilización y Consolidación deberán en dos meses adoptar “medidas concretas para garantizar la articulación entre los PDTS y los programas de sustitución de desarrollo alternativo que a nivel municipal se han venido ejecutando de manera asincrónicamente frente a la estrategia de seguridad”.

• La Defensoría del Pueblo tendrá un mes para entregar a la JEP y a la Fiscalía General un informe actualizado sobre las alertas tempranas sobre los ex Farc, para que de esta manera se siga avanzando en la investigación de los crímenes en contra de estas personas.

• La Procuraduría General deberá adoptar, por su parte, un mecanismo de vigilancia para el cumplimiento de la sentencia. Es así que la Corte asumirá, a través de una sala especial de seguimiento, el cumplimiento de las órdenes emitidas con el propósito de superar el Estado Cosas Inconstitucional.

La ponencia de la magistrada Cristina Pardo fue acogida por 5 magistrados y cuatro estuvieron en desacuerdo de declarar el estado de cosas inconstitucional.