Hay preocupación en Carepa, Antioquia, por una serie de contratos que se han efectuado recientemente entre la alcaldía de ese municipio del Urabá y varios particulares que estarían vinculados a la campaña de Jonnan Alexis Cerquera, conocido como “El Amiguito”, candidato del Partido Liberal y de quien se comenta, sería el ungido del alcalde Ovidio de Jesús Ardila Roja.

Confidencial Colombia tuvo acceso a dos de los contratos firmados por el mandatario saliente; se trata de los contratos 135 y 138, que están fechados el 21 y el 29 de agosto del presente año. Es decir, casi dos meses después de que entraran en vigencia las restricciones contempladas en la ley de garantías electorales que prohíbe a los alcaldes, gobernadores, secretarios, gerentes y directores de entidades descentralizadas del orden municipal, distrital o departamental celebrar convenios o contratos para la ejecución de recursos públicos, participar, promover o destinar recursos públicos de las entidades a su cargo o en las que hagan parte como miembros de junta directiva.

¿Negocio de familia?

El primer contrato al que tuvo acceso este medio es el número 135 del 21 de agosto de 2019, cuyo objeto está destinado a “la prestación de servicios profesionales de capacitación y cualificación del recurso humano, dirigido a los funcionarios de la Alcaldía de Carepa”.

El contrato tiene vigencia de cuatro meses y un valor total de $161.595.772, cuyos pagos se realizarán de manera fraccionada en tres pagos de 30% durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y un pago final correspondiente al 10% en el mes de diciembre.

El documento conocido por confidencial Colombia fue firmado por el alcalde y Jorge Mario López Londoño, quien figura como representante legal de la Sociedad por Acciones Simplificada “Soluciones con Vision JOMAR”.

Según fuentes consultadas, López Londoño es primo hermano de la esposa del alcalde de Carepa y está casado con Marcela Restrepo Restrepo, una reconocida administradora ambiental en Urabá que en redes sociales ha dejado claro su apoyo a la campaña de Jonnan Alexis Cerquera.

El polémico contrato 138

En otro contrato conocido por Confidencial Colombia es el número 138, fechado el 29 de agosto de 2019, éste fue suscrito por el alcalde con Cley Serpa Ospina y tiene como objeto la concesión de parqueadero para los automotores inmovilizados en el municipio.

Aunque el contrato es de mínima cuantía, ya que su valor es de sólo $23.000.000, su ejecución se llevará a cabo en 24 meses. Es decir, 20 meses más después de concluido el mandato de Ovidio de Jesús Ardila Roja.

Según ha podido establecer este medio, Serpa Ospina es uno de los líderes de la campaña de “El Amiguito” y en sus redes sociales comparte constantemente material audiovisual de los actos proselitistas a los que asiste; dicha situación tiene preocupados a los habitantes de Carepa que no descartan que, con recursos públicos del municipio se esté financiado la campaña política del candidato del Partido Liberal.

¿Las ‘malas compañías’ de “El Amiguito”?

Los cuestionados contratos no son la única preocupación que tienen los habitantes de Carepa en torno a la campaña de “El Amiguito”; ya que a la misma han aterrizado dos exalcaldes de ese municipio que fueron condenados por la justicia por tener vínculos con grupos paramilitares en la zona.

Se trata de Arnulfo Peñuela Marín, quien fue elegido en 2007 como alcalde de Carepa y condenado a seis años de prisión en 2010, al ser hallado responsable de financiar grupos paramilitares en la región de Urabá.

En la investigación, la Fiscalía estableció que Peñuela Marín se encargaba de recibir el dinero exigido por los grupos paramilitares a propietarios de fincas y empresas comercializadoras de banano, extorsiones que se iniciaron en 1995. El fiscal del caso demostró que ese dinero fue utilizado para financiar las actividades ilícitas del Bloque Bananero, que comandaba Evert Veloza García, alias ‘H.H’ o ‘Carepollo’.

El otro exmandatario cuestionado que hace parte de la campaña de “El Amiguito” es Clareth Escalando quien reemplazó a Peñuela Marín cuando este fue capturado en marzo de 2008.

Escalante fue destituido por la Procuraduría y actualmente cumple una inhabilidad de 13 años para ejercer cargos públicos, por irregularidades relacionadas con un contrato suscrito con un particular para el mantenimiento de una vía terciaria que comunica entre Piedras Blancas y la Vereda San Sebastián de Polines, el cual se canceló en su totalidad sin haberse ejecutado.

Según estableció la Procuraduría, una vez la comunidad empezó a denunciar el hecho se elaboraron documentos como un otrosí y un acta de recibo a satisfacción con el propósito de intentar sustentar legalmente el pago que se había efectuado al contratista.