La exgobernadora de la Guajira Oneida Pinto, además del proceso judicial que cursa en su contra por un contrato de adecuación de adoquines del año 2011, cuando fue alcaldesa del municipio de Albania, en la Guajira, por un monto de $12 mil millones, a través de una fundación creada por ella misma, desde donde se habría apropiado de $5.900 millones, deberá también hacerle frente a otro proceso que tiene que ver con la celebración de un convenio interadministrativo entre la Alcaldía y el hospital San Rafael de Albania, firmado con miras a reducir los índices de mortalidad en niños, niñas de 0 a 5 años, madres gestantes y mujeres embarazadas.

La Fiscalía evidenció en este caso, una pérdida de recursos por el orden de los $ 6.900’000.000. El valor del convenio era por más de $ 18.900’000.000.

Oneida Pinto tenía en su contra una medida de aseguramiento, desde julio de 2019, por el juez 45 de garantías, ante quien la Fiscalía imputó seis delitos relacionados con irregularidades en la contratación en la Alcaldía del municipio de Albania.

La investigación adelantada en su contra logró evidenciar que en 2008, cuando Pinto estaba próxima a terminar su mandato como alcaldesa, junto con su exesposo Pablo Parra y su escolta, se aliaron para que este último se lanzara a la Alcaldía, con la condición de que Pinto y Parra le dieran manejo a las grandes contrataciones municipales.

Oneida Pinto llegó a la alcaldía de Albania en el año 2000, compitiendo por el cargo con el líder Jorge Jiménez, quien tenía todas las posibilidades de conseguir el triunfo, pero fue asesinado antes de las elecciones, con lo cual, al quedar como candidata única, gana. Más adelante se supo que su esposo Pablo Parra, un ex policía y ex paramilitar, que hacía parte de la red de Kiko Gómez, fue el autor material del crimen.

A la exgobernadora y a su exesposo, se le atribuyen el haber dejado como alcalde de Albania entre el 2007 y el 2011 a Yan Keller Hernández Herazo, chofer de Oneida, para que manejara los recursos en este municipio que recibe regalías por carbón, que en cinco años superan los 200.000 millones de pesos, a donde también llegan regalías por gas y por sal, dineros que no se ven reflejados en la calidad de vida de sus habitantes.

Los delitos que le fueron imputados a la exgobernadora son los de concierto para delinquir, falsedad en documento público, celebración indebida de contratos, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento privado y peculado por apropiación.