Al menos tres personas han muerto y otras cinco han resultado heridas en un municipio rural de Caucasia, en el departamento de Antioquia, en el noroeste de Colombia, como consecuencia de un ataque del que podrían estar detrás fuerzas paramilitares del Clan del Golfo.

Entre las víctimas hay también dos personas desaparecidas, en la que sería la masacre número 83 en lo que va de año, según los datos que maneja la ONG Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

La ONG ha señalado al Clan del Golfo como potenciales responsables del ataque, que se habría producido, según las primeras averiguaciones, pasada la media noche de este domingo, cuando «aproximadamente 50 hombres vestidos con uniformes de camuflado y armamento largo» irrumpieron disparando en el corregimiento de Cuturú.

El comandante del departamento de Policía de Antioquia, el coronel Jorge Cabra, ha confirmado que los asaltantes ingresaron en el lugar «disparando indiscriminadamente» provocando la muerte de cinco personas, dos de la cuales serían ajenas a la comunidad.

«Hemos iniciado las investigaciones y recolección del material probatorio», ha avanzado Cabra, quien ha confirmado la presencia del Clan del Golfo dentro de la zona, así como la de una de sus disidencias, el grupo armado narcoparamilitar ‘Los Caparros’ y también la de ciertos reductos del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El ataque se ha producido en Cuturú, uno de los corregimientos de la región que no cuenta con efectivos de la fuerza pública. Cabra ha justificado esta ausencia de agentes alegando que no se trataba de una zona «prioritaria» y que «la Policía Nacional está en los cascos urbanos de los seis municipios del Bajo Cauca».

Indepaz ha precisado que se trata de la masacre número 83 en lo que va de año, lo que significa 349 personas asesinadas, así como la cuarta que sufre Antioquia y la segunda de este fin de semana en el departamento, después de la ocurrida el pasado día 11, cuando cuatro personas fueron ejecutadas en una vereda del municipio de El Bagre.

El Gobierno ha responsabilizado de estos sucesos al narcotráfico y a las disputas entre los distintos grupos armados que operan en la región por las fuentes de financiación irregulares dejadas por la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) tras su disolución con la firma de los acuerdos de paz en 2016.

Sin embargo, desde Indepez, su director, Camilo González, ha calificado de «precipitado» el diagnostico que en este sentido emitió este fin de semana el ministro de Defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, pues al asumir «el papel de fiscal y juez», no solo «no queda bien», sino que también «puede simplificar el problema y desorientar a la fuerza pública».