El Instituto Nacional de Medicina Legal ha confirmado la presencia de una menor de 16 años entre las víctimas del operativo militar de hace un par de semanas en Guaviare, en el sur del país, contra un campamento de la disidencia de las FARC liderada por Miguel Botache, alias ‘Gentil Duarte’.

La cifra podría aumentar en las próximas horas pues todavía quedan por confirmar la identidad de otras cuatro personas, dos de las cuales todavía no han sido trasladadas desde la zona rural de Calamar, donde se produjo la ofensiva que acabó con doce supuestos integrantes y colaboradores de esta disidencia.

Las edades del resto de las víctimas oscilan entre los 19 y los 25 años, precisa el comunicado de Medicina Legal. Se trata de la primera información que ofrecen las autoridades al respecto, después de que la oposición se hiciera eco de las denuncias de algunos de los familiares, quienes alertaron de la presencia de menores entre la víctimas.

La versión de Casa Nariño ha ido variando con respecto avanzaban los días. Si bien en un principio descartaron que hubiera menores de edad en la base de operaciones de ‘Gentil Duarte’, más tarde no sólo no descartaron dicha posibilidad sino que la justificaron alegando que si se encontraban «en el sitio, hacían parte de la estructura» ilegal.

El jefe del Comando de Operaciones Especiales del Ejército de Colombia, el general Jorge Hoyos, reiteró durante el fin de semana que «todos los menores que se puedan encontrar» tras la ofensiva «son combatientes armados ilegales».

El operativo militar tuvo lugar en una zona rural y de difícil acceso en las inmediaciones del río Ajajú, en el municipio de Calamar, clave para las rutas del narcotráfico. Se trata de un lugar del que ya en 2014 el Defensor del Pueblo alertó del riesgo que corrían sus jóvenes de ser reclutados.

Este último episodio de la controvertida acción militar en el país trae a la memoria el escándalo que se vivió en 2019, cuando murieron ocho menores durante un operativo militar en una zona rural del departamento de Caquetá, en el sur de Colombia, y el cual le costó el puesto al por entonces ministro de Defensa Guillermo Botero.