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El Gobierno Nacional en cabeza del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, radicó el proyecto de ley con el que busca dotar al Estado de herramientas legales sólidas y humanitarias para avanzar en los procesos de desmovilización, diálogo y justicia frente a los actores armados ilegales.
Según el ministro de Justicia, esta iniciativa propone una hoja de ruta para enfrentar el conflicto armado y el crimen organizado desde la justicia, la verdad y la reparación.
Con este proyecto, agrupaciones ilegales como el ELN y las disidencias se le otorgará el estatus de beligerancia para poder avanzar en negociaciones de paz, mientras que, a bandas como el Clan del Golfo, se les aplicará un proceso de sometimiento a la justicia, con posibles beneficios jurídicos si colaboran realmente, entregan armas y ayudan a desmantelar sus estructuras.
El proyecto también aclara que los beneficios solo se entregarán si hay compromisos claros y verificables, como dejar de atacar a la población, contar la verdad, reparar a las víctimas y comprometerse con la reintegración.
“El objetivo no es premiar a los criminales, sino darle herramientas al Estado para acabar con la violencia, proteger a las comunidades y fortalecer la justicia”, explicó el ministro Montealegre.
Ante toda la polémica que ha desatado esta idea del Gobierno Nacional, el ministro de Justicia afirmó que aclara que los beneficios solo se entregarán si hay compromisos claros y verificables, como dejar de atacar a la población, contar la verdad, reparar a las víctimas y comprometerse con la reintegración.
“El objetivo no es premiar a los criminales, sino darle herramientas al Estado para acabar con la violencia, proteger a las comunidades y fortalecer la justicia”, explicó el ministro Montealegre.
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