La investigación en Colombia sobre los sobornos de Odebrecht arroja resultados menos espectaculares que en otros países. Pero la muerte de un testigo clave y el envenenamiento de su hijo introdujeron incertidumbre y dramatismo a la mayor trama de corrupción descubierta en América Latina.

Diez países de la región están involucrados en la red de sobornos que montó la firma brasileña a cambio de contratos. El escándalo, que comenzó en Brasil en 2014, ha enredado a altísimos funcionarios y podría adentrarse en terrenos truculentos.

Afectado por un cáncer linfático, el testigo Jorge Pizano falleció por un aparente infarto el 8 de noviembre. Tres días después, su hijo Alejandro murió envenenado con el cianuro que bebió de una botella de agua que encontró en el escritorio de su padre, según la fiscalía.

Pizano fue auditor financiero del consorcio que formó Odebrecht junto con Corficolombiana, empresa del hombre más rico de Colombia, el influyente banquero Luis Carlos Sarmiento.

La autoridad forense descartó este viernes rastros de cianuro en los tejidos conservados de Pizano -cuyo cuerpo fue incinerado-, pero reiteró que «en el caso de la muerte del joven, tanto la sangre, como el contenido de la botella sí contenían cianuro».

Pizano dejó grabada una entrevista para que fuera publicada si fallecía u obtenía protección en otro país. Su explosivo testamento salpica al fiscal general, Néstor Humberto Martínez, y plantea dudas sobre la investigación de la trama en Colombia.

Él «era la prueba de que los sobornos en Colombia no fueron solo de Odebrecht, sino una telaraña de corrupción que se urdió desde la concesión de la obra (vial) más grande que se ganó Odebrecht en compañía de Luis Carlos Sarmiento», dijo a la AFP la periodista María Jimena Duzán, quien se mantuvo en contacto con Pizano hasta horas antes de su deceso.

¿Un crimen?

Pese a la enfermedad de Pizano, ninguno de sus allegados asegura haberlo visto deteriorado y desestiman que pretendiera suicidarse con el cianuro hallado en su escritorio.

«Pizano estaba preocupado de que lo fueran a matar por el caso de la Ruta del Sol», enfatizó el senador de oposición Gustavo Petro, apoyado en comunicaciones que sostuvo su asesor de prensa con el exauditor.

Según Petro, Pizano buscaba colaborar con la justicia estadounidense, a la que Odebrecht aportó las pruebas que destaparon la red internacional de coimas en 2016, como parte de un acuerdo de cooperación.

El exauditor iba a rendir testimonio en Colombia, pero la diligencia judicial se aplazó por un grave accidente que sufrió en octubre la fiscal del caso durante sus vacaciones en Chile.

Duzán también sostiene que Pizano sentía que «corría peligro» por las irregularidades que detectó en la Ruta del Sol, una obra que quedó inconclusa y busca unir al centro con el norte de Colombia.

En su entrevista póstuma con Canal Uno, el exauditor reveló que compartió sus sospechas con Martínez, quien para la época era abogado de cabecera del banquero Sarmiento y asumió como fiscal en 2016.

En el centro de los cuestionamientos, el fiscal sostiene que no denunció lo que le dijo su amigo Pizano, porque éste «no tenía certeza» de que sus hallazgos configuraran un delito.

Martínez también añade a su defensa su decisión de apartarse del caso ante el evidente conflicto de intereses, y destaca los progresos en las investigaciones pese a los reparos de la oposición y expertos anticorrupción.

Investigación «sesgada»

En su reacción a la muerte de Pizano, Odebrecht juzgó «cuestionable» que su exsocio colombiano pretenda negar que supiera de los sobornos, lo que indirectamente compromete al fiscal.

La multinacional pagó coimas por más de 3.000 millones de dólares para adjudicarse proyectos o financiar campañas políticas en Latinoamérica, así como en Mozambique y Angola.

En Perú el escándalo salpica a cuatro exmandatarios; en Panamá al presidente y dos antecesores, y en Bolivia a dos exgobernantes, mientras un exvicepresidente ecuatoriano está en prisión.

Entretanto, en Colombia, la fiscalía ha detectado coimas por 32,5 millones de dólares en seis contratos, algunos de los cuales estarían relacionados con campañas presidenciales. El funcionario de mayor rango en la cárcel es un exviceministro.

Aquí «el tema no ha quedado en cero, pero tampoco somos un país en el cual hayamos logrado una justicia y una verdad amplia alrededor de lo sucedido», dijo a la AFP Andrés Hernández, director de la ONG Transparencia por Colombia.

La falta de una ley de protección para testigos de corrupción influye en resultados más contundentes, enfatiza.

El caso «se ha investigado de manera sesgada porque el fiscal (…) estuvo muy metido en la negociaciones que tuvieron que ver en la manera como se logró pactar con Odebrecht», dijo Duzán.

Aun cuando no han concluido las investigaciones por la muerte de los Pizano, la oposición presiona para que se nombre un fiscal ad hoc en el espinoso expediente de corrupción.

Publicado por nuestro portal aliado ElEconomistaAmerica.com