Aldeas Infantiles SOS ha alertado este miércoles de un aumento «significativo» en el reclutamiento de niños soldados en Colombia a causa de la pandemia de COVID-19.

Según la ONG, los motivos de este incremento son el cierre de las escuelas derivado de la pandemia y la falta de presencia estatal en las zonas rurales.

Según cifras oficiales, 12.481 niños, niñas y adolescentes fueron reclutados por la fuerza en el país en 2020, si bien «se cree que la cifra real es significativamente mayor», según ha asegurado la directora de Aldeas Infantiles SOS en Colombia, Ángela Rosales.

En este contexto, y como miembro del Consejo Nacional de Paz de Colombia, Aldeas Infantiles SOS ha condenado, en una declaración conjunta con organizaciones de Derechos Humanos, el ataque del Ejército colombiano contra un campamento de la disidencia de las FARC liderada por Miguel Botache, alias ‘Gentil Duarte’, en la ciudad de Calamar, en el que se estima que en torno a 12 niños y niñas soldado perdieron la vida.

En respuesta a las declaraciones del ministro de Defensa colombiano, Diego Molano, que justificó el ataque calificando a cualquier soldado menor de edad de «máquina de guerra», la organización ha sostenido que los niños no son máquinas de guerra sino víctimas, ya sea del reclutamiento forzoso o del hambre y la desesperación que les mueve a unirse a estos grupos armados.

«Los niños y las niñas tienen derecho a la protección», ha recordado Rosales, que ha subrayado que «reclutarlos como niños soldado es contrario al Derecho Internacional».

Hasta el momento, el Instituto Nacional de Medicina Legal de Colombia ha confirma la presencia de una menor de 16 años entre las víctimas del operativo militar. Las edades del resto de las víctimas oscilan entre los 19 y los 25 años.

La versión de Casa Nariño ha ido variando con respecto avanzaban los días. Si bien en un principio descartaron que hubiera menores de edad en la base de operaciones de ‘Gentil Duarte’, más tarde no sólo no descartaron dicha posibilidad sino que la justificaron alegando que si se encontraban «en el sitio, hacían parte de la estructura» ilegal.

El jefe del Comando de Operaciones Especiales del Ejército de Colombia, el general Jorge Hoyos, reiteró durante el fin de semana que «todos los menores que se puedan encontrar» tras la ofensiva «son combatientes armados ilegales».

El operativo militar tuvo lugar en una zona rural y de difícil acceso en las inmediaciones del río Ajajú, en el municipio de Calamar, clave para las rutas del narcotráfico. Se trata de un lugar del que ya en 2014 el Defensor del Pueblo alertó del riesgo que corrían sus jóvenes de ser reclutados.