Garantizar la seguridad de los excombatientes, las comunidades afectadas por el conflicto, los líderes sociales y los defensores de los Derechos Humanos son las prioridades que Colombia deberá establecer para 2021, ha asegurado este jueves el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, que ha instado a la implementación total del Acuerdo de Paz.

Según Guterres, que ha publicado este jueves el informe trimestral sobre Colombia, ha insistido en que la implementación del acuerdo, a cuatro años de su firma, es fundamental para «impulsar el desarrollo, la paz y la seguridad» en el país.

En el informe –que analiza el período entre el 26 de septiembre y el 28 de diciembre de 2020– recoge la reducción en los niveles de violencia, los avances en la justicia transicional, los adelantos en la reincorporación de excombatientes y la instrumentación de los programas de desarrollo con enfoque territorial.

No obstante, sus conclusiones recalcan que la seguridad sigue siendo el principal reto para la consolidación de la paz, por lo que estos avances deben ir acompañados de «una implementación más vigorosa de otras partes del Acuerdo, en particular las orientadas a mejorar la seguridad en los territorios», ha subrayado el máximo representante de la ONU.

Por esto, y siendo el 2021 el año de la recuperación de la crisis sanitaria y económica, las políticas para este año deben seguir el Acuerdo, que contempla los instrumentos que abren las oportunidades al desarrollo , la seguridad y la paz a las comunidades que han sufrido los peores efectos del conflicto y que ahora han sido afectadas por la pandemia.

Cinco ámbitos de atención urgente

La Misión de Verificación de la ONU ha registrado 248 asesinatos de antiguos guerrilleros de las disueltas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), 73 de ellos en 2020, además de 42 asesinatos de líderes sociales y activistas de Derechos Humanos y 13 masacres, por lo que esta situación se perfila como una de las principales preocupaciones para el año entrante.

El informe y Guterres también contemplan que el proceso de reincorporación de los excombatientes tiene que ser sostenible, con una presencia integral del Estado como condición para garantizar una paz duradera y para el desarrollo sostenible.

Además, será necesario reforzar el diálogo constructivo entre las partes a través de los mecanismos estipulados en los diálogos de paz, como la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación del Acuerdo Final.

Por último, Colombia deberá enfatizar el fortalecimiento de las condiciones para la reconciliación valiéndose del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición y del Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia, para lo que es vital que «todas las personas involucradas en el conflicto reconozcan sus responsabilidades», recuerda Guterres.

El texto también pone de relevancia que para mediados de 2021 la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dictará sus primeras sanciones por los delitos cometidos durante el conflicto, por lo que el presidente colombiano, Iván Duque, pedirá la ampliación del mandato de la Misión de Naciones Unidas para que incluya la verificación de las sanciones que se impongan.