En el marco del debate de control político citado por la bancada de oposición, sobre violencia policial y que se realizó en la Plenaria de la Cámara de Representantes, la Congresista Ángela María Robledo, insistió en la necesidad de una restructuración de la Policía Nacional que garantice una cultura de derechos humanos y democracia, lo cual implica que “debamos abrir un debate político y técnico amplio para su reestructuración ya” indicó.

Para la Representante, dentro de las medidas a corto plazo que se deben considerar están la implementación de mecanismos para reducir la conflictividad entre la policía y jóvenes, vendedores ambulantes, habitantes de calle, entre otros, volver al modelo de ascenso por antigüedad y mérito, que permita profesionalizar a la policía y garantizar un sistema de méritos que no admita que quienes han sido sancionados por abuso pueda ascender fácilmente y retomar la posibilidad de tener un mecanismo de selección para el ingreso a la policía y no de reclutamiento.

“A mediano plazo también podríamos discutir si se recupera la figura del comisionado civil de la Policía Nacional, una figura que en 1997 desapareció porque se consideró que la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo ya cumplían esa misión. Esa figura civil podría hacer seguimiento de la Policía, pues hoy en día se ve que falta control sobre los abusos” declaró la legisladora.

Otro de los puntos neurálgicos que la Representante a la Cámara Ángela María Robledo instó a revisar es el traslado por protección que está considerado en el Código de Policía y que es una medida que autoriza a la policía a retener hasta por 12 horas a una persona si la vida integridad de un individuo, o de terceros esté en riesgo o peligro y el traslado por procedimiento policivo.

“A nosotros nos parece que, en esta figura del Código, los llamados Centros de Traslado por Protección, se conviertan en espacios de tortura y de violación de derechos humanos, al existir una falta de control por parte de las autoridades competente. Generalmente lo que ocurre es que los policías llevan primero a las personas que a su juicio requieren de este traslado a un CAI, donde pueden cometer todo tipo de arbitrariedades. Ya vimos lo que sucedió con el abogado Javier Ordoñez, con las tres mujeres que fueron abusadas en el CAI de San Diego o con la periodista que también fue retenida, desnudada y llevada al CAI de la Macarena en otra muestra de abuso de autoridad y fuerza.”

Frente a éste último punto, la Congresista se preguntó sobre si llegó el momento de pensar hacer una reestructuración de los CAI e implementar funciones especializadas con el fin de fortalecer la eficacia de los mismos, “No podemos desconocer que infortunadamente los CAI, como lo mencioné anteriormente, se han convertido en uno de los espacios, donde se concretan denuncias de abusos, agresión física y sexual de mujeres, casos de tortura y corrupción en un territorio”

La Representante recordó que varios casos de abuso policial en diferentes CAI, se han registrado en lo que va corrido del año. El primero ocurrido en el mes de marzo, en el que presuntamente tres policías, acosaron sexualmente a tres mujeres, y realizaron un traslado irregular a la estación de policía de una de ellas, en donde fue nuevamente acosada y amenazada por un policía, el segundo, en el mismo mes de marzo se conoció que una mujer joven fue víctima de un posible abuso policial, robo y extorsión por parte de los policías del CAI de Bosa Laureles un tercer caso denunciado por el Concejal de Bogotá Diego Cancino quien dio a conocer otro posible caso sexual contra una niña con discapacidad cognitiva por parte de un policía del CAI del barrio Juan Rey en la localidad de San Cristóbal, en el mes de mayo y al menos otros dos casos que se han reportado en otras ciudades del país, todos ocurridos en los llamados CAI.

“Estamos evidenciando que existen problemas estructurales en la institución, en la formación de los agentes y en lo que significa para la ciudadanía los CAI, que, en lugar de ser un lugar de protección, se convierten en barrera de acceso a la justicia. Por ejemplo, muchas mujeres que llegan a éstos lugares queriendo denunciar a sus agresores, lo que reciben es una revictimización como respuesta, y que reproduce lógicas patriarcales, racistas y clasistas contra algunos sectores poblacionales” manifestó la Representante.

Finalmente, la Congresista hizo un llamado para que las investigaciones tanto en la Fiscalía General de la República, como en la Procuraduría General de la Nación, avancen y no constituyan unas cifras más de impunidad, “Son preocupantes las cifras que nos da para este debate el Ministro de Defensa, de 5.379 investigaciones por agresión física entre 2016 y septiembre de 2020, investigaciones que esperamos den resultado pronto”