Un informe de la Fundación Forjando Futuros revela que 133.902 solicitudes presentadas ante la Unidad de Tierras, de estas, el 65% fueron rechazadas por esta entidad y sólo se han resuelto 11.358 casos que representan 492.851 hectáreas restituidas.

Desde el inicio de la vigencia de la Ley en el año 2011 los casos comenzaron a aumentar alcanzando los promedios más altos durante el año 2017 y el primer semestre de 2018 con 126 sentencias por mes; sin embargo, al iniciar el período de gobierno de Iván Duque Márquez la tendencia empezó a disminuir en un 50%, bajando el promedio mensual a 59 sentencias, lo que hoy tiene estancado el proceso.

No obstante, dentro de los resultados se destaca que en las sentencias los jueces hayan resuelto condenar a devolver tierras a 79 empresas dedicadas a la agroindustria y la ganadería; a nueve extractivistas y diez financieras.

Si bien esta norma ha sido prorrogada por diez años más en el Congreso, e irá hasta el año 2031, deben buscarse mecanismos más rápidos y eficaces para que se logren las metas planteadas inicialmente. Algunas de las propuestas que han sido reiteradas es la eliminación de la microfocalización y la reforma legal que incluya la restitución administrativa.

El buen funcionamiento de entidades como la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz es clave para que avance el proceso, las confesiones de los actores del conflicto sobre el despojo son nulas y no permiten el acceso a la tierra de las víctimas.

El director de la Fundación Forjando Futuros, Gerardo Vega, pidió a alias Otoniel revelar los nombres de los empresarios que han colaborado con el Clan del Golfo en el despojo de tierras en la región del Urabá.

«Las víctimas deben tener la oportunidad de preguntar, escuchar, saber qué pasó con sus seres queridos, qué pasó con las tierras en la región del Urabá y ¿con quién el Clan del Golfo estaban vinculados para el despojo de tierras?, afirmó Vega.