El paro armado anunciado por la guerrilla del ELN desde este 23 de febrero tiene atemorizados a los habitantes de las zonas donde este grupo ilegal hace presencia, pese a que el Gobierno ha enfatizado que el Estado no permitirá.

De acuerdo con panfletos del ELN que circulan en Norte de Santander, Arauca, Chocó y Valle del Cauca, el paro armado iniciará a las 6 de la mañana este miércoles 23 de febrero y se extenderá la misma hora del próximo sábado 26 de febrero.

«La población solo podrá movilizarse por razones humanitarias relacionadas con actividades funerarias o emergencias hospitalarias. Recomendamos a la población mantenerse en sus viviendas o lugares de trabajo y evitar desplazamientos por razones de seguridad», hizo saber la guerrilla a través de un comunicado.

Entretanto, el ministro de Defensa, Diego Molano, ha querido tranquilizar a la población, aclarando que en todas las regiones del país hay presencia de las fuerzas del orden públicas y que se permitirá la libre circulación de mercancías y personas. En aquellas con presencia «específica» del ELN, el Estado, ha dicho, reforzará sus efectivos.

Como viene siendo habitual en el Gobierno de Colombia siempre que se aborda la crisis de seguridad debido a la actividad de grupos armados irregulares, el ministro Molano ha vuelto a responsabilizar a Venezuela de este problema interno.

«Todo lo que pasa en Arauca se origina en Venezuela», ha dicho Molano en referencia a la convulsa región fronteriza en la que estos grupos se disputan los cuantiosos réditos que ofrecen las rutas del narcotráfico y de otros mercados ilegales, como el de materias primas.

«Desde hace una semana me manifesté que nosotros tenemos cero tolerancia contra comportamientos contra la Constitución y Colombia», ha enfatizado Molano.

Injerencia del ELN en las elecciones

En paralelo a estas declaraciones del ministro de Defensa colombiano, la Defensoría del Pueblo ha alertado de la posibilidad de que la guerrilla del ELN, así como otros grupos armados, como el paramilitar Clan de Golfo, interfieran en el proceso electoral en algunas partes del país, como en el departamento de Cesar.

Los electores de hasta 25 municipios de Cesar, entre ellos los diez más poblados del departamento, estarían en riesgo de verse afectados por la violencia y las coacciones de estos grupos, incluida la capital del departamento, Valledupar.

De acuerdo con la denuncias que ha recibido la Defensoría, guerrilleros y paramilitares podrían «interferir con amenazas e intimidaciones a comunidades, líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, mujeres, comunidades indígenas y antiguos combatientes».

En algunas regiones como Valledupar, Codazzi, La Paz y Pueblo Bello –incluidas en las circunscripciones de paz– «se deben extremar las medidas» para quienes aspiren a ocupar uno de los 16 escaños reservados en el Congreso a las víctimas de la violencia interna, como parte de los acuerdos de La Habana de 2016.

El departamento de Cesar ya fue protagonista en las pasadas elecciones en las que Duque salió victorioso, después de que en algunos de sus municipios se denunciara compra de votos en la segunda vuelta que le enfrentó a Gustavo Petro a través de las gestiones del ahora finado narcotraficante José ‘Ñeñe’ Hernández y Claudia Daza, antigua asistente del expresidente Álvaro Uribe, según unos audios.