Politica medioambiental. Siempre importante la política pública con enfoque medioambiental, especialmente en un país como Colombia, donde la influencia del sector minero e hidrocarburos sobre la economía es clave. Este es un resumen de lo que proponen los cuatro principales candidatoa a la presidencia de la República, elecciones que se realizarán en primera vuelta el 29 de mayo.

SERGIO FAJARDO

● Reglamentar la autogeneración de energía, especialmente, en barrios vulnerables y marginados.

● Crear el Centro Nacional para la lucha contra el cambio climático desde cinco ejes:

• Desarrollar una industria electrónica renovable no convencional
• Desarrollar una industria de biorrefinerías modulares que aproveche los residuos de biomasa de los principales cultivos
• Crear un laboratorio de ciudades inteligentes
• Producir nuevos portadores y fuentes de energía como el hidrógeno
• Crear empresas de bienes y servicios para los proyectos energéticos a partir de estos recursos.

● Trazar una ruta con el sector constructor para que la mayoría de las nuevas edificaciones residenciales sean Neto Cero Carbono (NCC) al 2030.

● Impulsar programas de formalización de la pequeña minería y formulación de proyecto de ley sobre Coordinación y Concurrencia y Participación Ciudadana que exige la sentencia CCC SU-095/18

● Establecer la etapa de licenciamiento ambiental para la frase de exploración minera.

FICO GUTIÉRREZ

● Ampliar aquellos programas de obras por impuestos y regalías por impuestos.

● Generar condiciones para que al país ingrese una mayor inversión para proyectos mineros-energéticos responsables.

● Ejecución de más de $9 billones de los recursos de las regalías para el desarrollo, creación empleos e ingresos de más regalías a todas las regiones del país.

RODOLFO HERNÁNDEZ

● Su propuesta va orientada hacia el logro de un equilibrio en la explotación de los recursos, que tenga como foco cuidar el medio ambiente, generar desarrollo social y permitir la transición hacia la producción de energía limpia y mejores prácticas de recursos los mineros.

● Reformar el Sistema General de Regalías forma parte de sus propuestas en este sentido. Con esto busca garantizar una inversión eficiente y transparente.

● Propone redefinir la política energética de mediano y largo plazo para dar paso al
diseño de un marco regulatorio y de mecanismos de expansión de fuentes no renovables de energía.

● Propone proveer el servicio de electricidad y gas a, al menos, el 50 % de los hogares rurales que hoy no cuentan con estos servicios.

GUSTAVO PETRO

Transitar gradualmente hacia un modelo de energías limpias en el que las energías fósiles serán excluidas. Para ello pretende:
● Reformar el Código de Minas y realizar un ajuste institucional de cara a la transición energética

● Implementar una política pública minero-energética con perspectiva ambiental y social.

● Retomar el control de las cuencas hidrográficas utilizadas para la generación de energía

● Prohibir la exploración y explotación de Yacimientos No Convencionales, pilotos de fracking y el desarrollo de yacimientos costa afuera.

● Desestimar las nuevas solicitudes de licencias para la exploración petrolera y/o minería a cielo abierto

● Destinar la extracción de reservas actuales para el consumo interno

● Implementar dividendos por absorción de carbono y de impuestos sobre la comercialización de productos intensivos en dióxido de carbono.

● Financiar la descarbonización y la reducción de la explotación petrolera.

● Establecer a las comunidades minoritarias como autoridad ambiental en sus territorios. Se buscará proteger la minería ancestral y artesanal.

● Crear un fondo para la transición energética financiado por los recursos del SGR y la eliminación de las exenciones tributarias del sector.

● Crear el Instituto Nacional de Energías Limpias

●  Aumentar el control ambiental, laboral y fiscal sobre las actividades mineras. Se exigirá a las compañías mineras la rehabilitación de las áreas intervenidas, la descontaminación de ríos y el restablecimiento de las poblaciones afectadas
● Intervenir las solicitudes de títulos mineros, obras y proyectos, así como todas las medidas legislativas que impliquen riesgos para las comunidades.

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