La Procuraduría General de la Nación pidió al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural que la construcción de la Política Pública para la Población Campesina sea haga de manera concertada, otorgando garantías de participación a la población directamente interesada, con presupuesto, articulación y diferenciación que garantice, de manera real y efectiva, la promoción, protección y reconocimiento de los derechos integrales de los campesinos de Colombia.

En carta dirigida al viceministro de Desarrollo Rural, Juan Camilo Restrepo, el Ministerio Público presentó sus recomendaciones a la ‘Ruta de participación de organizaciones para la construcción de la Política Pública para la Población Campesina’, que hace parte de los compromisos asumidos por el Gobierno en la ‘Audiencia Pública Nacional por la Tierra, el Territorio y el Campesinado’ que realizó la PGN el pasado 31 de julio.

El órgano de control le hizo el llamado de advertencia a la cartera de Agricultura para que “no se continúe en la vía de llamar al campesino para que sea un simple espectador, un mero convalidador, de una política que le atañe a él”, y enfatizó en la importancia de la planeación, que exige al menos una metodología clara y pública, en la que cada uno de los pasos o elementos para su formulación y construcción estén debidamente ordenados y concadenados dentro de unos plazos razonables.

“Los principales actores, constructores de esta Política Pública para la Población Campesina, deben ser las propias comunidades campesinas, directamente o a través de sus líderes o lideresas más representativos. Por tanto, el Gobierno debe, desde el inicio, garantizar efectivamente esa participación de quienes serán los beneficiarios o favorecidos con esta política pública”, resaltó.

Pidió una articulación integral entre la institucionalidad y los campesinos, tanto en el nivel nacional como territorial, desde su formulación, construcción e implementación, que además incluya a todos los sujetos y grupos rurales (agropecuarios, pesqueros, mineros, floricultores, artesanales, entre otros), y requirió al Gobierno para que tenga en cuenta a otros sectores como cultura, salud y transporte.

Finalmente, resaltó la importancia de que la política pública incluya un aparte especial para la protección de los derechos de las mujeres rurales.