Organizaciones defensoras de derechos humanos representantes de víctimas presentaron a la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP- dos solicitudes de apertura de incidente de incumplimiento, una figura que contempla el Ley Estatutaria de la JEP cuando los agentes estatales que se han sometido a esta jurisdicción para obtener beneficios a cambio de verdad no cumplen a cabalidad con este propósito, y que se concretaría en la exclusión de los militares y la pérdida de beneficios como libertad transitoria o penas más bajas.

El primer caso es el del Teniente Coronel Publio Hernán Mejía Gutiérrez quien ha comparecido tres veces a la JEP a rendir versión voluntaria. La organización argumenta que el oficial no ha reconocido los hechos a pesar de ser mencionado y haber sido vinculado por hechos ocurridos entre enero de 2002 y enero de 2004, cuando era comandante del Batallón La Popa, adscrito en ese entonces al Comando Operativo No. 07 y a la Segunda Brigada de la Primera División del Ejército Nacional. Según decisión judicial, el Teniente Coronel conformó un grupo especial denominado Zarpazo, responsable de 18 homicidios presentados como bajas en combate.

La solicitud de las víctimas está fundamentada en el informe “Y volveremos a cantar con los aires de la paz y el anhelo de justicia”, entregado a la JEP en octubre de 2019 y donde se documentan 72 víctimas agrupadas en 34 casos de ejecuciones extrajudiciales, así como en cuatro informes detallados donde se revisan las versiones voluntarias de 75 integrantes del Batallón, de las cuales se concluye que tuvo algún grado de participación o conocimiento, en razón de su pertenencia y funciones dentro de la Plana Mayor del Batallón “La Popa”.

Montoya se burla de las víctimas

Las víctimas también solicitan la exclusión del General Mario Montoya Uribe, quien se acogió a la Jurisdicción Especial para la Paz en octubre de 2018, por 2.429 casos de ejecuciones extrajudiciales documentadas por la Fiscalía General de la Nación y remitidos a la justicia transicional, que se cometieron bajo su mando cuando era comandante del Ejército entre marzo de 2006 y noviembre de 2008.

En su primera comparecencia ante la Sala de Reconocimiento de Responsabilidad de JEP, el pasado 20 de febrero, el General retirado aseguró que estos asesinatos se habrían cometido por ignorancia o ausencia de juicio moral, lo que trascendió en los medios y dijo además no tener conocimiento de la existencia de ejecuciones extrajudiciales durante el ejercicio de su mando y que las denuncias por estos hechos, solo se conocieron cuando culminaba su labor como comandante del Ejército, y que él no tenía ejercicio de mando y comunicación con todas las unidades (divisiones, brigadas y batallones).

Lo anterior ha llevado a las víctimas a expresar su rechazo a lo que consideran una burla y un fraude a la verdad, y que constituye una violación al régimen de condicionalidad, por lo que le exigen a la JEP que abra un incidente de incumplimiento que lleve a su exclusión de la Jurisdicción Especial para la Paz, con la consecuente pérdida de todos los beneficios.