¿Por qué la Corte Constitucional anuló intervención a la EPS Sanitas?

En una decisión de alto impacto para el sistema de salud colombiano, la Sala Plena de la Corte Constitucional dejó sin efectos tres resoluciones con las que la Superintendencia Nacional de Salud había ordenado la intervención forzosa de la EPS Sanitas. La Corte amparó el derecho al debido proceso de la entidad promotora de salud, concluyendo que la actuación de la Superintendencia —entonces liderada por Luis Carlos Leal— representó un grave atropello a las garantías procesales de la segunda EPS más grande del país, con más de 5,7 millones de afiliados.

La intervención comenzó el 2 de abril de 2024, cuando la Superintendencia ordenó la toma inmediata de los bienes, haberes y administración de Sanitas. Esta decisión fue corregida el 10 de abril del mismo año y prorrogada el 6 de abril de 2025 por un año adicional. Sin embargo, la Corte consideró que estos actos administrativos vulneraron los derechos fundamentales de la EPS, al no garantizar un proceso justo y transparente.

Además de los efectos inmediatos sobre Sanitas, el fallo podría tener repercusiones en otras intervenciones similares, como la de la Nueva EPS, que fue asumida por el Gobierno en una movida que concentró la prestación de servicios de salud de la mayoría de colombianos en manos del Estado. La Nueva EPS cuenta con 11,5 millones de afiliados, por lo que las implicaciones del fallo podrían extenderse a toda la arquitectura del sistema de aseguramiento en salud.

El fallo también llega en un momento crítico, dado que Colombia enfrenta demandas ante tribunales de arbitraje internacionales por presuntas violaciones a tratados de inversión, derivadas de lo que se ha calificado como “tomas hostiles” de empresas del sector salud con participación extranjera. La nulidad de la intervención podría ser utilizada como argumento en defensa del Estado colombiano en estos litigios.

Finalmente, la Corte remitió el expediente a la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, que reconoce la salud como un derecho fundamental. Con esto, se abre una nueva etapa de vigilancia judicial sobre la política de intervención estatal en el sistema de salud, mientras sectores políticos, económicos y sociales analizan las implicaciones de este fallo sobre la sostenibilidad y gobernanza del sistema de salud en Colombia.