El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, advirtió a la Corte Constitucional y al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha sobre el incumplimiento del Gobierno nacional de la sentencia que protege los derechos fundamentales a la salud, el acceso al agua y la seguridad alimentaria de los niños y niñas del pueblo Wayúu, y se mostró en desacuerdo con el otorgamiento de un nuevo plazo para la ejecución de las órdenes, ante la falta de políticas públicas eficaces y el poco avance en el proceso de diálogo con las comunidades.

«Los resultados de los intentos para construir los indicadores de medición cumpliendo las condiciones exigidas por la Corte Constitucional, así como los derivados de las consultas realizadas en diciembre de 2019, no pueden ser aceptados, pues reflejan ineficiencia e ineficacia de las acciones, tras dos años y medio de notificada la sentencia, mientras las consecuencias de estos intentos se miden en pérdidas de vidas humanas de los niños Wayúu», precisó el Procurador en comunicación a la corte y a la Sala Civil – Familia – Laboral del tribunal.

Precisó que según el informe epidemiológico del Instituto Nacional de Salud, correspondiente a la semana 39 de este año, en el departamento de La Guajira han fallecido 30 niños menores de 5 años por desnutrición o causas asociadas a ella. Le siguen los departamentos de Atlántico y Cesar, que reportan 9 y 8 fallecimientos respectivamente.

«Lo anterior, evidencia la abismal diferencia entre los eventos de mortalidad que se presentan en el departamento de La Guajira frente a los demás departamentos y en todo caso las cifras de muertes de niños y niñas en La Guajira siguen siendo muy graves».

Censuró el Procurador que más de dos años después del fallo de la corte que declaró el estado de cosas inconstitucional, además de la reconocida desarticulación «no se cuente con el conocimiento pleno de la oferta institucional del Estado aplicable a las necesidades del departamento. El plazo otorgado a nuestro juicio ha sido suficiente para que el Gobierno nacional articule propuestas con el enfoque étnico diferencial requerido, producto de un proceso legítimo de consulta con las comunidades».

Carrillo Flórez como cabeza del Ministerio Público aseguró que en 2019 la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, siguiendo las órdenes de la corte sobre la presentación de los informes de cumplimiento de la sentencia, remitieron al gobierno la metodología establecida para la presentación de los mismos, sin que hasta la fecha el ejecutivo haya cumplido con su parte.

«Después de dos años y medio de notificada la sentencia, el Gobierno nacional aún no cuenta con una línea base, desconoce la forma de implementar en el territorio su oferta institucional y no cuenta con sistemas de información que le permitan identificar la población objeto de atención y realizar una selección objetiva de beneficiarios. La carencia de esta información hace imposible adoptar políticas públicas eficaces».

Para el jefe del ente de control el Gobierno nacional no ha logrado coordinar un plan integral y concreto de acción que permita superar la crisis, no ha garantizado un dialogo genuino con las autoridades legítimas del pueblo Wayúu, ni cuenta con personal capacitado y conocedor de sus usos y costumbres.

Explicó que desde el Ministerio Público se han generado espacios de interlocución con las comunidades, audiencias de seguimiento, informes al Tribunal Superior de Riohacha sobre el estado del cumplimiento de la sentencia, acompañamiento a consultas previas, vigilancia a procesos de contratación en la región, e intervención en 16 tutelas accionadas por miembros de las comunidades Wayúu o en representación de estas, para reclamar el acceso a la seguridad alimentaria, el agua y la salud.

Así mismo, la Procuraduría ha adelantado acciones preventivas para que se garantice el acceso a la educación de los niños Wayúu, vigilancia a los procesos de contratación del transporte escolar de la gobernación, así como al acceso al sistema de salud y al agua potable en época de pandemia .