La Procuraduría General de Colombia ha destituido e inhabilitado durante 20 años a Harby Rodríguez y Juan Camilo Lloreda, los agentes de Policía implicados en la intervención policial que causó la muerte del abogado Javier Ordóñez el pasado 9 de septiembre.

En concreto, los agentes han sido hallados responsables disciplinarios de homicidio y abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, por lo que se les ha impuesto la sanción más alta que puede emanar del órgano de control.

El fallo rechaza el informe policial, realizado por Rodríguez, sobre los hechos acaecidos el 9 de septiembre. En él, se afirma que acudieron al lugar para disolver una pelea, pero los vídeos en los que quedó recogida la intervención policial –que muestran cómo someten al fallecido, aplicándole varias descargas con una pistola táser y a pesar de sus súplicas– no muestran ninguna riña.

Además, tampoco se observa a ninguna persona agrediendo a los agentes y acusa a Rodríguez de «omitir el haber disparado». Asimismo, la Procuraduría ha señalado que en las declaraciones ofrecidas por el agente en el juicio disciplinario hubo «falsedades», ya que en los documentos gráficos no se ve ningún comportamiento agresivo de los amigos de Ordóñez.

En cuanto a la llegada del abogado al Comando de Atención Inmediata (CAI) Villaluz, el órgano de control ha subrayado que Ordóñez cae sobre sus rodillas al bajarse del vehículo policial.

Después, es ingresado en el CAI bocabajo, arrastrando los pies, por lo que «ya no estaba en condiciones de desplazarse por sus propios medios, como si lo había hecho tres o máximo cinco minutos antes –cuando fue esposado en la calle y pudo caminar hasta el coche de Policía–«. «De ello, se debe inferir que fue golpeado a su llegada», remacha el fallo.

Una vez dentro, «las imágenes permiten observar que Juan Camilo Lloreda golpea inmisericordemente con los pies y las manos a Javier Ordóñez, y Harby Rodríguez está agachado, sosteniendo el cuerpo», según el fallo, que ha sido acompañado por estos vídeos, de los que la prensa colombiana ha compartido algunas capturas.

La Procuraduría ha resaltado que Ordóñez debió ser tratado con respeto, en lugar de recibir «tratos crueles que le causaron la muerte», antes de agregar que el comportamiento de los agentes «fue intencional e injusto».

Con todo ello, concluye que Ordóñez «murió en el CAI Villaluz con ocasión a los golpes recibidos» y que fue víctima de una «cruel y cobarde golpiza» a pesar de estar esposado, reducido y tirado en el suelo.

Así, el fallo se hace eco de los resultados de la autopsia que investigadores de la Fiscalía colombiana realizaron al fallecido, que hallaron que murió como consecuencia de la paliza sufrida.

La muerte del abogado, de 42 años, desató jornadas de movilizaciones masivas en varias ciudades del país, que provocaron disturbios y enfrentamientos violentos con la Policía. Al menos una docena de personas murió, más de 300 resultaron heridos y se registraron un centenar de denuncias contra la labor de los agentes solo en Bogotá.