La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al exgobernador de Córdoba, Edwin Besaile Fayad, por presuntas irregularidades y actos de corrupción presentados en el Convenio 735 de 2013 de ciencia y tecnología con la Fundación para el Conocimiento y Desarrollo de la Diversidad Biótica de Colombia (George DAHL), por más $14.000 millones.

La decisión también cobijó a los entonces directores de contratación, Jairo Rafael Cruz Lozano, y la asesora del despacho, Sandra Milena Ruiz Pérez.

Fayad deberá responder ante el ente de control porque al parecer no adelantó las gestiones requeridas para obtener de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP) la prórroga de un permiso de pesca de investigación, que mediante Resolución 00491 del 11 de abril de 2014 le había sido otorgada al departamento para desarrollar un proyecto orientado a consolidar los paquetes tecnológicos en la reproducción y cultivo de diversas especies de peces, como estrategia de diversificación de la piscicultura.

Dicha omisión según el Ministerio Público, habría llevado a que el proyecto, desarrollado mediante el convenio especial de cooperación, no cumpliera con los resultados de la investigación que demandaba, con lo que presuntamente pudo inobservar sus deberes funcionales.

En un segundo cargo, la Procuraduría cuestionó al exgobernador por intervenir en la etapa de ejecución del convenio especial, con posible desconocimiento del principio de moralidad administrativa, toda vez que al parecer conocía que el negocio jurídico estaba precedido de situaciones ilícitas, de las que habría resultado como beneficiario directo.

Dentro del expediente reposa la declaración del exgobernador Alejandro Lyons Muskus, quien manifestó que para el financiamiento de la campaña electoral de Besaile se recibieron $1.900 millones de pesos, dinero que fue obtenido ilícitamente a cambio de entregar de manera directa cuatro proyectos de ciencia y tecnología (carneros, agroforestal, corredor e hidrobiológicos) aprobados por la OCAD – Órgano Colegiado de Administración y Decisión sobre la viabilidad de proyectos que se financian con recursos del Sistema General de Regalías.

A la asesora del despacho de la gobernación y delegada por el mandatario regional para desarrollar el procedimiento administrativo sancionatorio del Convenio 375, Sandra Milena Ruiz Pérez, se le cuestionó por presuntamente infringir sus deberes funcionales.

Al parecer se habría extralimitado en sus funciones y vulnerado el debido proceso, porque tratándose de un negocio jurídico de ciencia, tecnología e innovación se regía por las normas del derecho privado, y el proceso utilizado no era aplicable en este caso. La presunta falta fue calificada como grave a título de culpa grave.

Finalmente, al director de contratación se le cuestionó por presunta extralimitación de funciones y eventual desconocimiento del debido proceso, al hacer efectivo el cobro de la cláusula penal, posterior al procedimiento administrativo sancionatorio, con el que se obligó al contratista al pago de una multa que ascendió a $2.823 millones de pesos, a través del garante del contrato Seguros del Estado S.A.

Este proceso tiene relación con destitución e inhabilidad por 15 años al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons por actos de corrupción en la adjudicación de cuatro convenios de cooperación para ciencia y tecnología por más de $85.700 millones, entre ellos, el negocio jurídico objeto del presente proceso.