La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria y suspendió provisionalmente, por tres meses, al gerente de la Empresa Social del Estado Hospital Emiro Quintero Cañizares de Ocaña (Norte de Santander), Jairo Pinzón López, por presuntas irregularidades en la celebración de 22 contratos de obra, suministros de material quirúrgico y de medicamentos, por más de $4.500 millones de pesos.

El órgano de control busca establecer la existencia de posibles faltas disciplinarias, relacionadas con el informe de cierre del caso preventivo, que advirtió un presunto desconocimiento del manual de contratación al suscribir contratos de obra por $938.110.617; 6 negocios jurídicos para el suministro de material quirúrgico por $1.175.761.579, y 11 por $2.387.324.123 para adquirir medicamentos, todos bajo la modalidad de contratación directa.

Según el Ministerio Público, para la firma de estos contratos se estaría eludiendo el proceso de selección que corresponde según el objeto y las cuantías, comprometiendo recursos que al pertenecer al sector salud, se relacionan con un derecho fundamental y un servicio público esencial.

La Procuraduría también investiga un supuesto incumplimiento por parte del gerente a su obligación de solicitar autorización a la junta directiva de la entidad, teniendo en cuenta que la suma de los contratos asciende a más de 1.000 salarios mínimos mensuales vigentes, y como lo establece el artículo 7 del manual de contratación, se requería la aprobación de esta instancia.

Sobre la medida cautelar de suspensión provisional, la Procuraduría consideró que la permanencia en el cargo del gerente posibilitaría la reiteración de la presunta falta disciplinaria.

Ante hallazgos de presuntas irregularidades relacionadas con la celebración de contratos para el apoyo a la gestión con la Asociación Sindical de Trabajadores de la Salud de Norte de Santander y del sur de Cesar, por valor de $19.800.000.000, mediante los cuales se estaría tercerizando la prestación de servicio, y existirían sobrecostos en la compra de medicamentos, se remitió el informe a la Procuraduría Regional de Norte de Santander para que adelante la actuación correspondiente.

La Procuraduría ordenó la práctica de pruebas con el fin de verificar la ocurrencia de conductas presuntamente irregulares, determinar si constituyen faltas disciplinarias, esclarecer los motivos determinantes, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se cometieron y el posible perjuicio causado a la administración pública.