El presidente electo, Gustavo Petro Urrego, anunció su idea de presentar un proyecto al Congreso de la República que elimine la Procuraduría General de la Nación, desatanto la discusión en la opinión pública.

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Si la iniciativa se llegase a aprobar en el legislativo, el control disciplinario que ejerce el Ministerio Público sobre la función pública, incluyendo a quienes llegan por votación popular.

La propuesta del mandatario electo, produjo una serie de opiniones  a favor y en contra.  Los primeros en expresar su manera de ver el tema fueron el senador electo Miguel Uribe quien a través de su cuenta dijo que “el mandatario electo no quiere ningún tipo de control”.

Petro quiere un Gobierno sin oposición y sin organismos de control. Mala señal.

— Miguel Uribe (@MiguelUribeT) July 5, 2022

El segundo opinar fue el ex super intendente Pablo Felipe Robledo considerando que tras esto podría estar la intención de Petro de reelegirse como presidente.

Para eliminar la Procuraduria General de la Nación @PGN_COL el gobierno de @petrogustavo necesitaría de un REFORMA CONSTITUCIONAL. Igual para otra cantidad de cambios que pretenden hacer. Ojo que en alguna de esas reformas, Petro nos mete un artículito que permita su reelección

— Pablo Felipe Robledo (@Pfrobledo) July 5, 2022

El Concejal de Bogotá, Rolando González, recordó cual es la tarea de la Procuraduría General de la Nación.

Acabar la @PGN_COL es darle un golpe a la institucionalidad en el país. La @PGN_COL es una entidad q desde hace muchos años ha vigilado la conducta de los funcionarios públicos. No tener organismos de control es pretender tener una dictadura real. Ojo Representantes y Senadores.

— Rolando González (@RolandoGonGa) July 5, 2022

El debate por la misión de esta entidad se dio en Colombia a partir de la destitución del entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, por parte del procurador de la época Alejandro Ordóñez.  Fue desde ese momento cuando el país analizó lo que implicaba el haber acogido la determinación de la Corte IDH de no retirar de su cargo a los funcionarios públicos de elección popular, si no existía una sentencia judicial que la justifique.