El ministro de Defensa, Diego Molano Aponte, y los ministros del Interior y de Justicia radicaron el proyecto de Ley de Fortalecimiento a la Seguridad Ciudadana, que incluye reformas al Código Penal y de Procedimiento Penal, al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al Código de Extinción de Dominio, Regulación de armas, elementos y dispositivos menos letales y sostenibilidad del registro nacional de identificación balística.

Esta iniciativa legislativa tiene como finalidad fortalecer el marco y los instrumentos jurídicos con que cuentan las autoridades para consolidar la seguridad ciudadana, además de crear nuevas herramientas para la protección de los uniformados que intervienen en hechos vandálicos

Entre los ajustes que se esperan realizar a través de este acto legislativo al Código Penal se destacan, el aumento de las penas para el delito de homicidio cuando se cometa en contra de un miembro de la Fuerza Pública, estipulando una pena de 500 a 600 meses de prisión; se establece como tipo penal la intimidación o amenaza con arma de fuego, armas y elementos menos letales, armas hechizas y armas blancas; agrava la pena del delito de hurto en relación con las cuantías; incluye como agravante del delito de daño en bien ajeno, la afectación a infraestructura destinada a la seguridad ciudadana, el sistema de transporte público masivo e instalaciones militares y de policía; establecer como agravante del delito de instigación a delinquir, si la conducta se realiza para cometer hurto calificado o agravado, daño en bien ajeno.

La iniciativa establece además como situación de agravación punitiva al delito de perturbación en servicio de trasporte público, el empleo de máscaras o elementos que oculten la identidad, ejecutar la actividad valiéndose de la calidad de servidor público, emplear armas de fuego o hechizas y ejecutar la conducta valiéndose de menores.

Con este proyecto también se beneficia la Fuerza Pública ya que crea derecho a la gratuidad en el acceso al servicio de transporte público masivo; atención preferencial y prioritaria por parte de las entidades del orden nacional, municipal y distrital y descuentos en tiquetes aéreos, hoteles y transporte público dentro del territorio nacional.

El proyecto de ley busca, además, modificar los artículos 310 (peligro para la comunidad) y 312 (no comparecencia) de la Ley 906 de 2004, con el fin de agravar nuevos comportamientos en contra de la convivencia y seguridad ciudadana, como el uso de armas de fuego, armas hechizas y armas menos letales y la resistencia a los procedimientos de captura.

Esta iniciativa parece apuntar a los delitos e infracciones que se cometen al interior de las manifestaciones que se realizan en las ciudades.