Faltan pocas horas para conocer la decisión del fallo judicial que puede condenar o declarar inocente al expresidente de la República, exsenador, exgobernador y exalcalde de Medellín, Álvaro Uribe Vélez.

A medida que pasan las horas, se eleva la tensión y aumentan las presiones mediáticas desatadas en redes sociales por los seguidores del exmandatario, quienes consideran que una decisión en su contra sería producto de venganzas políticas promovidas por la izquierda. Por su parte, sus adversarios aseguran que la derecha busca impunidad.

Cualquiera que sea la decisión que tome la jueza Sandra Heredia, ya sea a favor o en contra de Uribe, es claro que el fallo será apelado, lo que llevará al Tribunal Superior de Bogotá a decidir la suerte del proceso en segunda instancia. Además, es posible que el caso termine, en última instancia, en la Corte Suprema de Justicia.

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Este proceso judicial tiene su génesis en el año 2012, cuando el entonces representante a la Cámara por el Polo Democrático, Iván Cepeda, inició una serie de debates con el objetivo de destapar hechos relacionados con el paramilitarismo, en los que, de una u otra forma, aparecía el nombre de Álvaro Uribe Vélez.

En el año 2014, con investigaciones y testimonios recopilados, Cepeda —ya como senador de la República— realizó un debate en el Congreso en el que expuso hechos que la justicia no había profundizado, y en los que nuevamente se vinculaba el nombre del expresidente. Uribe, quien entonces se había hecho reelegir como senador, no asistió al debate y se desplazó directamente a la Corte Suprema de Justicia para interponer una denuncia contra Cepeda por supuesta manipulación de testigos.

Posteriormente, la Corte Suprema determinó la inocencia de Iván Cepeda y, para sorpresa de muchos, encontró en sus investigaciones que quien habría manipulado testigos era el senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez. Fue entonces cuando se abrió una investigación en su contra y se dictó medida de aseguramiento.

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Con el paso del tiempo, Uribe decidió renunciar a su curul en el Senado para dedicarse por completo a su defensa, lo que desató una controversia jurídica: no era claro si la Corte Suprema debía conservar el caso o si, al perder competencia, debía remitirlo a la Fiscalía General de la Nación, que en ese momento estaba dirigida por Francisco Barbosa, ternado por el entonces presidente Iván Duque, quien fue elegido con el aval del partido Centro Democrático.

La Fiscalía de Barbosa, a través del fiscal delegado Gabriel Jaimes, solicitó en varias ocasiones el archivo del caso, pero esta petición fue negada por diferentes instancias judiciales. Esto permitió que se iniciara el juicio, una vez el ente investigador, con un nuevo fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, formuló cargos en contra de Uribe.

El caso, ya en manos de la jueza Sandra Heredia, comenzó su curso normal, pese a los tropiezos y hechos que llevaron a pensar en un posible intento por parte de la defensa de dilatar el proceso, buscando su archivo por vencimiento de términos. A esto se sumaron los llamados de atención que la jueza tuvo que hacer tanto al equipo de abogados del expresidente como al propio Uribe, cuando consideró que su actuación era inapropiada.

La decisión que tome la jueza en el marco de este caso, considerado como “el juicio del año”, traerá consecuencias políticas y un intenso debate entre los seguidores de Álvaro Uribe y sus detractores, quienes desde ya han desatado una ola de declaraciones en redes sociales con el fin de ejercer presión mediática.