El Concejo de Bogotá no ha podido iniciar la discusión del proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial (POT), por cuenta de una serie de recusaciones que han evitado el debate y que han reducido los tiempos para aprobarlo o rechazarlo, dejando la aprobación en manos de la alcaldesa Claudia López.

El POT es la norma que marca el rumbo de la ciudad para los próximos 12 años, determinando las reglas de construcción y estableciendo los requisitos de protección de las reservas ambientales con las que cuenta la ciudad. Proyecta además las obras de infraestructura, como troncales y la segunda línea del metro que a futuro se pondrán en marcha.

Las administraciones de Gustavo Petro y Enrique Peñalosa se dieron a la tarea de presentar iniciativas en este sentido, con el modelo de ciudad que cada uno consideraba. Ambas se hundieron en el Concejo de Bogotá. Hoy, cuando la Alcaldía parecía contar con las mayorías para aprobarla, una serie de acontecimientos han puesto en riesgo su aprobación por consenso.

Cuando los concejales de Bogotá comenzaron el estudio del proyecto que radicó la administración de la alcaldesa Claudia López para ser discutido y aprobado, de inmediato se conocieron las diferentes opiniones en contra de algunos contenidos como la no construcción de la Avenida Longitudinal de Occidente – Tramo Norte, la construcción de más troncales de Transmilenio y la densificación de la ciudad.

Ante las opiniones en contra de parte de algunos miembros de la Alianza Verde, la mayoría de concejales de este partido decidieron aplicar Ley de Bancada, lo que causó el disgusto y la solidaridad de parte del resto de miembros del cabildo distrital, quienes no dudaron en acusar al Secretario de Gobierno Luis Ernesto Gómez, de estar detrás de la ‘jugadita’.

Ese mismo día, en medio de una discusión acalorada en los pasillos del Concejo entre el secretario Luis Ernesto Gómez y los concejales Martín Rivera, Lucia Bastidas, Diego Cancino y Luis Carlos Leal, todos de la Alianza Verde, quienes no compartían algunas propuestas contenidas en el POT y que estaban disgustados por la decisión que les obligaba a votar con la mayoría de su bancada, el funcionario fue señalado de ofrecerle puestos al cabildante Rivera, por lo que interpuso una demanda exigiendo la retractación, hecho que anunció un día antes de que se iniciara la discusión en la Comisión Primera de Plan de Ordenamiento.

Ante esto el concejal Martín Rivera se vio en la necesidad de declararse impedido, lo que obligó a una nueva convocatoria de la plenaria para decidir sobre este asunto.

Semanas antes de este hecho ya habían llegado otras recusaciones, que fueron atendidas una a una por la plenaria, entre esas, la que señalaba que los 45 concejales estaban impedidos para votar el proyecto, lo que obligó a la presidenta María Fernanda Rojas a pedir conceptos de los órganos de control y al equipo jurídico del Concejo de Bogotá para que analizara la situación.

Todas estas discusiones han impedido que se inicie el debate sobre el Proyecto del POT, al punto en que los 90 días que por Ley tiene el Concejo para tomar alguna decisión al respecto están agotados, dejando a la administración distrital con la decisión de aprobarlo por decreto.

A todo lo anterior se suma una acción de tutela que pide hundir el proyecto, interpuesta por el ingeniero industrial, Pablo Elías Rueda, quien considera que un proyecto de POT, es innecesario porque según él, “esto es como pretender fundar la ciudad de nuevo”.

La alcaldesa Claudia López ha insistido en que lo mejor para Bogotá es que el proyecto de POT sea aprobado por el Concejo.

Aparece una Luz al final de túnel

En los últimos días, el concejal Carlos Fernando Galán propuso un acuerdo entre las bancadas para hundir la iniciativa y que esta sea presentada de nuevo por la administración, mientras el cabildo distrital modifica el reglamento para que en la eventualidad de nuevas recusaciones, no se pierda tiempo resolviéndolas.

Actualmente cualquier ciudadano que tenga intereses particulares, a través de un anónimo puede presentar una recusación y detener de manera automática el debate y suspenderlo hasta que esta se resuelva, trámite que se puede demorar entre 3 y 4 días.

“Hoy en el debate sobre el POT escuchamos con mucho respeto las opiniones y propuestas de las bancadas de oposición. Esto es lo que espera Bogotá de nosotros. Que desde visiones contrarias podamos construir acuerdos de ciudad y frente a la modificación del decreto estamos todos de acuerdo. Estamos ante una trampa gravísima que permite que cualquier propietario de un inmueble que prefiera conservar el estatu quo, pueda a través de una recusación, una tutela, o una acción jurídica, paralizar el debate que le corresponde al Concejo y por ende el desarrollo de la ciudad” indicó el secretario de Gobierno.

Se espera entonces que las diferentes bancadas tomen una decisión al respecto y la Comisión Primera del Plan de Ordenamiento, hunda el proyecto para que este sea radicado de nuevo por la Alcaldía de Bogotá en los próximos meses.