En un informe multipartidista sobre el diagnóstico al problema de las drogas ilícitas, desarrollado por 14 congresistas de partidos de oposición e independientes, le piden al Gobierno dejar la aspersión aérea como última opción y retomar la visión y lógica del Acuerdo de Paz.
En el documento se hace un balance de lo avanzado hasta el momento en materia de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, estableciendo que en 3 años del PNIS, se han vinculado 99.097 familias con acuerdos individuales, erradicando 41.513 hectáreas y que el cumplimiento ha sido del 96%. Solo en un 0,2%, se han presentado casos de resiembra en áreas erradicadas voluntariamente.
El estudio revela que las familias vinculadas al PNIS están ubicadas en 56 municipios de 14 departamentos, donde se concentra el 65% de los cultivos de uso ilícito, según el censo del SIMCI – 2018. Dice además el estudio que Los PAI (Plan de Acción Inmediata), que se enfoca a una sustitución colectiva de cultivos, han entrado a núcleos cocaleros, suponiendo enormes retos operativos y de construcción de confianza con la comunidad. A junio de 2020, se han suscrito 106 acuerdos por parte del PNIS, con una cobertura de 98 municipios y 188.036 familias cubiertas.
El análisis de los 14 congresistas coincide con un estudio de la Fundación Ideas Para la Paz, quien al analizar los 3 años de implementación del Punto 4 del Acuerdo de Paz, se encontraron al menos siete elementos problemáticos que han impedido que éste avance de manera exitosa.
El primero de estos, tiene que ver con entregar subsidios individuales, lo que generó un incentivo perverso y se vio reflejado en el aumento desmedido de cultivos en regiones como Simití (1469%) y San Pablo (998%) en Bolívar, o Valdivia en Antioquia (692%).
El segundo de estos siete elementos está relacionado con la desarticulación entre el PDET y el PNIS, que según el estudio, se dio, entre otras razones, por la desarticulación entre la ART y la Consejería para el Posconflicto y el no cumplimiento de los criterios de focalización establecidos en el Acuerdo.
El tercer elemento es la desfinanciación del PNIS. El costo de este programa es de 4.8 billones y su asignación de recursos ha ido disminuyendo, pasando de 510.000 millones de pesos en 2017 a 191.000 millones de pesos en 2020.
Otras dificultades que ha presentado la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, que menciona el documento son: la suspensión de beneficiarios, en la mayoría de los casos por problemas administrativos; priorización de la erradicación forzada, en parte solo para cumplir con indicadores sin tener un plan para estabilizar el territorio; ausencia de estrategias frente a comunidades negras e indígenas y zonas de protección ambiental; falta de una estrategia de seguridad territorial.
El análisis fue realizado por Juanita Goebertus, Angélica Lozano, Wilmer Leal y Antonio Sanguino, de la Alianza Verde; Angela María Robledo, de la Colombia Humana; Iván Cepeda, del Polo Democrático; Temístocles Ortega y José Daniel López, de Cambio Radical; John Jairo Cárdenas, John Jairo Hoyos y Roy Barreras, del Partido de la U; Carlos Ardila, Guillermo García Realpe y Luis Fernando Velasco, del Partido Liberal.
