La vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, ha achacado este martes las protestas que sacuden el país latinomericano desde hace más de un mes a la «insatisfacción» de los jóvenes y ciertos sectores de la sociedad, al tiempo que ha abogado por el desarrollo económico para superar la crisis.

En una entrega del Foro América, organizado por Europa Press y Estudio de Comunicación, la también ministra de Exteriores colombiana ha especificado en Madrid que las «grandes» expectativas con respecto a la «globalización, la apertura de mercados, el crecimiento y la reducción de la brecha social» no se ha cumplido y que la pandemia de COVID-19 «ha exacerbado» la «insatisfacción».

Así, ha reconocido que la juventud colombiana «reclama transformaciones más profundas» porque tienen «sensación de no futuro», algo que el Gobierno colombiano no puede «desconocer». «Tenemos la obligación de construir mejores condiciones para el futuro», ha admitido, subrayando que estas condiciones tienen que ver con «fomentar el crecimiento, el empleo y una mayor estabilidad social». En este contexto, se ha referido a «movilizar esa energía de manera constructiva para poder hacer los cambios que se necesitan».

Durante su intervención, Ramírez se ha referido a la violencia registrada durante las movilizaciones, que comenzaron en rechazo a una reforma fiscal planteada por el Gobierno de Iván Duque –que finalmente fue retirada–, y ha lamentado que «grupos minoritarios aprovechan para llevar a cabo una actividad al margen de lo que significa una protesta».

«Ha habido vandalismo y destrucción sin precedentes, una movilización orientada a destruir», ha continuado, antes de asegurar que, en esta situación, el Estado debe enfrentarse a la violencia «con sus instrumentos». A juicio de la titular de la cartera de Exteriores, durante las movilizaciones se ha demostrado un «interés» en «desestabilizar» para «abrir opciones distintas». «Tenemos que ser conscientes de eso», ha instado.

La vicepresidenta ha aludido más concretamente a los bloqueos de las principales vías del país, una de las características de las movilizaciones que impedían la llegada de alimentos, medicamentos o suministros médicos, entre otros, y se ha congratulado de que «ya se han reducido». «Eso no es protesta pacífica, es vandalismo, es ilegal y el Gobierno tiene que enfrentar esto», ha reiterado.

«Reconocemos que la protesta es algo legítimo, pero también recordamos que, en todos los instrumentos internacionales, la condición para reconocer la protesta es que se haga de manera pacífica», ha proseguido.

Por ello, ha remarcado la necesidad de que la Justicia colombiana «demuestre que tiene efectividad» y «ubique» a las personas que se ha dedicado a «promover la violencia dentro de las protestas y el vandalismo que ha dejado tantísima destrucción». «Cuando hay sectores que vandalizan, destruyen y producen la muerte de algunos ciudadanos hay que reclamar a la Justicia una aplicación pronta y efectiva de la ley», ha zanjado.

Acusaciones de abuso por parte de la Fuerza Pública

De forma paralela, Ramírez también se ha referido a las permanentes acusaciones de abuso por parte de la fuerza pública colombiana durante las movilizaciones y ha defendido que ha mejorado «continuamente» durante el último cuarto de siglo.

Así, ha hecho hincapié en que, «en una situación como esta», la fuerza pública tiene que usar la fuerza «legítimamente», aunque ha reconocido la existencia de «casos individuales» de abuso, aunque ha apelado a la «independencia de los poderes, la autonomía» para que la Justicia «investigue y sancione». «No importa de quién se trate», ha remachado.

Ramírez ha defendido que la Fiscalía, que ha confirmado una veintena de muertes en el contexto de las protestas, ha abierto investigaciones contra policías por estos motivos. «Hay cuatro casos de incriminados por participación en las muertes de algunas personas», ha señalado, antes de insistir en que la pérdida de vidas es «inaceptable».

Recordando que Colombia se ha enfrentado a guerrillas, como la de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) o el Ejército de Liberación Nacional (ELN), y al narcotráfico, ha destacado que las fuerzas de seguridad están «comprometidas» con la «seguridad de los ciudadanos» y que se ha mejorado la «promoción del respeto a los Derechos Humanos».

Por otro lado, Ramírez también ha alertado de que Colombia se enfrenta «al riesgo del populismo» y ha censurado que esta corriente propone «cambiar todo a cambio de muy poco esfuerzo de los ciudadanos».

«Y eso no existe, necesitamos un gran esfuerzo para sacar adelante al país», ha incidido. «Colombia es un país con un potencial muy grande, pero es un país que tiene desafíos muy grandes: el del populismo», ha agregado, antes de reconocer que, igualmente, la «polarización» en el país latinoamericano «ha sido muy grande» en los últimos años.