Por celebración indebida de contratos fueron acusados por la Fiscalía General de la Nación, el exalcalde de Sincelejo (Sucre), Jairo Alfredo Fernández Queseep; el exsecretario de Salud, Remberto Carlos Gómez Martínez  y  la gerente del Hospital San Francisco de Asís de Sincelejo, Salva Rapag Carmichael.

Los hechos por los cuales se abrió investigación a estos exfuncionarios locales en Sincelejo, tienen que ver con la firma de un contrato interadministrativo con el que se buscaba  la ejecución de actividades de seguridad alimentaria y nutricional; atención integral en enfermedades de la infancia; programas de salud sexual y reproductiva; y salud oral. El monto fijado ascendió a $420’000.000 y el tiempo de ejecución definido fue de ocho meses.

El contrato, según los resultados que arroja el trabajo del ente investigador, se hizo sin que mediara un proceso de selección objetiva ni la recepción de otras propuestas comerciales.

Los términos del contrato establecían, entre múltiples aspectos, que se debían suministrar refrigerios a niños entre seis meses y tres años, y mujeres de comunidades vulnerables, indígenas, afrodescendientes y población desplazada. Además de crear un subprograma de madres lactantes, salud sexual, salud oral y mental.

La Fiscalía estableció que el hospital, supuestamente, no tenía la capacidad técnica ni operativa para cumplir con lo dispuesto. Es así como realizó cuatro subcontratos para garantizar el abastecimiento de productos médicos y alimentos, el transporte, material de papelería y de publicidad. Lo subcontratado superó los $572’000.000, un valor muy por encima de los $420’000.000 del contrato original.

Para el órgano investigador, “estas actuaciones violaron dolosamente los principios de selección objetiva, planeación, responsabilidad, economía, trasparencia y publicidad”.