El senador Iván Cepeda anunció este viernes, que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y una queja disciplinaria ante la Procuraduría contra el alcalde de Pereira, Carlos Alberto Maya López. Cepeda hace mención de varios acontecimientos y pide investigar si el alcalde Maya incurrió en los delitos de instigación a delinquir, prevaricato por acción y empleo ilegal de la fuerza pública, conductas que habrían sido realizadas por el mandatario en calidad de servidor público. Por esta razón, el Congresista, también presentó una queja disciplinaria ante la Procuraduría por presunta falta gravísima.

En primer lugar, la denuncia relata lo ocurrido el pasado 2 de mayo cuando el funcionario en el marco de la protesta social hizo un llamado a gremios y efectivos de la seguridad privada en Risaralda, con el fin de crear un grupo común junto con la Policía y el Ejército “para recuperar el orden y la seguridad ciudadana”.

Según Cepeda, “el llamado que hiciera el alcalde Maya de crear un frente común, se dio en un contexto de violencia sistemática contra personas defensoras de derechos humanos, lideresas y lideres sociales, que contribuyó a generar un clima adverso a la protesta social y que se constituyó en un paso previo a hechos de violencia que cobraron múltiples agresiones contra los manifestantes”.

Tres días después de las controvertidas declaraciones, personas vestidas de civil asesinaron al estudiante Lucas Villa en el viaducto Cesar Gaviria Trujillo, en la ciudad de Pereira. De acuerdo con el diario El Espectador, el crimen fue ejecutado por un sicario “que disparó el gatilló (…) se movió con decisión hacia Lucas y disparó ocho veces en un rango cercano”. Por estos hechos activistas y líderes del Paro Nacional acusaron al mandatario de promover la violencia contra los manifestantes.

Además, en hechos recientes, Maya López nuevamente envió un mensaje a la fuerza pública de Risaralda, esta vez, autorizando “dar de baja a delincuentes”. Ante dichas declaraciones señala el escrito que, el Alcalde como máxima autoridad de Policía de Pereira, ha dirigido su comportamiento para utilizar la fuerza pública en acciones conjuntas con particulares “para contrarrestar manifestaciones ciudadanas con acciones de represión y dar de baja a delincuentes buscados por las autoridades” y que por ello “se configurarían los elementos que componen el tipo penal de empleo ilegal de la fuerza pública, contenido en el Código Penal”.

La denuncia también cita, ampliamente, informes del Comité de Derechos Humanos de Risaralda que reporta hechos ocurridos entre el 28 de abril y el 13 de mayo de 2021, y que da cuenta de 74 agresiones por agentes de Estado y otros sin establecer, entre homicidios; desapariciones; amenazas; detenciones arbitrarias y torturas; y detenciones con judicialización y en libertad sin imputación de cargos, acontecidos en Pereira y Risaralda.

Y concluye, “el uso legitimo de la fuerza pública implica, entre otros factores, que esta debe ser tanto necesaria como proporcional con respecto a la situación, es decir, que debe ejercerse con moderación y con proporción al objetivo legítimo que se persiga. (…) Las autoridades no solo tienen el deber de proscribir la realización de delitos, sino que no pueden alentar su comisión”.