La realización de una corrida de toros en el municipio de Barbosa, Santander, desató una fuerte controversia luego de que ciudadanos, organizaciones animalistas y activistas denunciaran agresiones, intimidaciones y presuntas conductas irregulares protagonizadas por el alcalde Marco Alirio Cortés durante una jornada de protesta pacífica.

Según los denunciantes, el mandatario local habría incurrido en expresiones burlescas y estigmatizantes contra los manifestantes, presuntamente en un estado de alicoramiento, lo que afirman contribuyó a aumentar la tensión y propició escenarios de hostigamiento e intimidación por parte de algunos asistentes al evento taurino. Estos hechos quedaron registrados en testimonios ciudadanos y ampliamente difundidos en redes sociales.

Las denuncias se producen pese a que la Procuraduría General de la Nación había emitido previamente una circular anunciando una acción preventiva para vigilar la legalidad de la corrida. No obstante, el evento se llevó a cabo, lo que intensificó la inconformidad de los colectivos defensores de los derechos animales y de ciudadanos que se desplazaron hasta el lugar para manifestarse.

De acuerdo con los manifestantes, durante el plantón se habrían presentado al menos tres situaciones graves que requieren la intervención inmediata de los organismos de control, entre ellas agresiones verbales, actos de intimidación y una conducta inapropiada por parte del alcalde, quien, según los denunciantes, lejos de garantizar el orden y el derecho a la protesta, habría exacerbado el conflicto.

Ante estos hechos, ciudadanos y organizaciones solicitaron a la Procuraduría General de la Nación la apertura de una investigación disciplinaria contra el alcalde de Barbosa, por presunta estigmatización e incumplimiento de sus deberes funcionales como autoridad local.

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Asimismo, pidieron a la Fiscalía General de la Nación evaluar la apertura de una indagación penal, en caso de que del material recopilado se desprendan posibles conductas punibles, como instigación a la violencia o amenazas.

Hasta el momento, la Alcaldía de Barbosa no ha emitido un pronunciamiento oficial frente a las denuncias. El caso ha reabierto el debate sobre el papel de las autoridades locales en escenarios de alta conflictividad social y sobre la responsabilidad institucional de garantizar el respeto por los derechos ciudadanos, incluso en contextos profundamente polarizados como el de las corridas de toros.