La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre 18 bienes, que harían parte del patrimonio de funcionarios y particulares que estarían involucrados en una red de corrupción que se apropió de recursos públicos destinados para dotar a los bomberos de Buenaventura (Valle del Cauca).

Estas propiedades se encuentran avaluadas en más de 2.900 millones de pesos. Los operativos de extinción de dominio tuvieron lugar en Cali, Buenaventura y Buga (Valle del Cauca), y Armenia (Quindío).

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Dichos activos se encuentran representados en inmuebles urbanos, como parqueaderos, depósitos y apartamentos; una motocicleta, automóviles y vehículos de carga.

Estos bienes se habrían sido adquiridos con los dineros que debían dirigirse para fortalecer la capacidad del cuerpo de atención de incendios y emergencias, entre 2013 y 2025. Los propietarios, entre ellos el
exalcalde de Buenaventura, Eliécer Arboleda Torres, otros servidores públicos y particulares, han sido judicializados por los delitos de peculado por apropiación y prevaricato por acción.

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