Seis integrantes de la firma Qbica Constructores, fueron judicializados dentro de la investigación que se sigue por apropiación de 4800 millones de pesos de más de 200 familias, quienes invirtieron en el proyecto de viviendas de interés social Torres del Campo, en el municipio de Piedecuesta (Santander).

Miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía capturó por orden judicial a José Julián Silva Bueno y Juan Camilo Corrales, representantes legales de la constructora para la época de los hechos; Jaime Rafael Galvis Vásquez, asesor jurídico y Fredy Augusto Amaya, accionista y presentante legal desde el 2018 hasta el 2023.

Todo comenzó cuando en el 2012 se dio a conocer en el municipio de Piedecuesta, Santander el proyecto de vivienda en el barrio Barro Blanco, con un costo de 45 millones, que serían entregados en el 2014, convirtiéndose en una interesante solución para las familias que deseaban casa propia.

La Fiscalía los imputó por los delitos de estafa agravada, urbanización ilegal y concierto para delinquir. Por decisión del juez los cuatro fueron afectados con medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras que  Elizabeth Mantilla, directora de ventas y Gloria Amparo Mojica, ejecutiva de ventas cumplirán la medida de aseguramiento en su domicilio.