Quienes siempre hemos defendido a los sectores sociales, a los pequeños y medianos productores, a la clase trabajadora, a los usuarios de los servicios públicos, al estudiantado, a los indígenas y en general a los más frágiles de la sociedad colombiana, vemos con suma preocupación lo que está sucediendo con la especulación de precios en diversos productos de uso básico para cada sector.

No solo los insumos agropecuarios, el GLP o gas propano, ahora se suma un fenómeno absolutamente grave de altos precios, de especulación, de distorsión de mercado y aprovechamiento indebido de los usuarios y compradores en Colombia de muchos otros productos, como lo voy a describir en el presente artículo.

Se está hablando ahora del tema de la cerveza, acaparamiento y manipulación, se está hablando también como cada año de los útiles escolares, la papelería, de la cartulina y de muchos otros productos procesados.

La codicia de los empresarios, de importadores y procesadores no tiene límite, por ende no les importa la situación crítica que ha vivido el pueblo y en general Colombia en los últimos años, agravada por la pandemia que se tradujo en falta de ingresos y oportunidades laborales.

De continuar este panorama, va a haber un problema muy grande, de seguir al alza los precios de ciertos productos, esto va a conllevar a que haya afectación a las posibilidades de alimentación, de vestuario y de las necesidades básicas de las familias colombianas.

Lo peor de todo, es que el Estado colombiano no está haciendo nada para controlar esto, la Superintendencia de Industria y Comercio es de papel, no ha actuado como en otros tiempos, por ejemplo, cuando estaba al frente de esa entidad el superintendente Pablo Felipe Robledo, él puso entre los palos a los carteles del azúcar por su abuso en los precios, por prácticas anticompetitivas y lo mismo al cartel del cemento, los pañales y el papel higiénico, por eso se requiere un órgano de control y vigilancia actuante en favor de los usuarios y no de empresarios inescrupulosos.

Acá los ricos cada día son más codiciosos, la avaricia los carcome y siempre están tratando de ahorcar a “Juan Pueblo” y así no deben ser las cosas, eso demuestra la fragilidad de un estado que es permisivo con los poderosos y es muy duro con los más débiles, esos roles invertidos no es sano para un país que ha vivido los más duros embates de una pandemia que aún no termina.

Ahora bien, si también se suben los precios de las tarifas de los servicios públicos o de los combustibles como lo están anunciando que ya se renovaron, pues aquí no habrá reajuste de salario mínimo que valga, que irá a parar al bolsillo de los codiciosos.

Y es que aquí muchos están celebrando el alza del salario mínimo, equivalente a 250 dólares, cuando en Ecuador ese mismo salario está fijado en 425 dólares, ¿entonces cuál celebración? El país vecino con una economía menos fuerte que la nuestra, con menos capacidades y le paga a sus trabajadores el doble prácticamente de salario mínimo.

El gobierno y muchos sectores argumentan que esa alza en el salario mínimo superior al 10% es histórica y se auto alaban unos y otros, pero la realidad en las calles y hogares del país es otra, ya no hay dinero que alcance, todo está por las nubes y en enero la cascada de incrementos no se hará esperar, entonces ese anuncio que hicieron con bombos y platillos del mínimo llegando al millón de pesos, es un triunfo pírrico, es un engaña bobos, cuando lleguemos al nuevo año y empiecen los nuevos incrementos muchos colombianos que hoy creen en cantos de sirenas se van a bajar de esa nube y van a aterrizar en una nueva realidad, absolutamente triste.

Por último, ya cerrando este año, quiero agradecer de forma muy especial a toda la gente que hizo posible nuestro trabajo legislativo durante el 2021, nuevamente hemos hecho una labor seria, coherente, que corresponde a nuestros principios. En la recta final de esta legislatura, haremos lo propio, seguiremos siendo la voz de los más desprotegidos y la voz del sur colombiano en el Congreso de la República.