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| Juan Gómez |

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó a la Nación por no evitar un desplazamiento forzado para noviembre de 1999 en Turbo (Antioquia). El aparato judicial ordenó la reparación de las víctimas por 350 millones de pesos.

El accionante de la demanda fue Arnoldo de Jesús Querubín Ortega y su familia. Él señala que el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y el Ejército Nacional fueron responsables por omisión de los perjuicios que sufrió con su familia cuando un grupo de las autodefensas desplazaron a la población civil con acciones hostiles.

«Considera la Sala que la situación de riesgo a que fueron sometidas las víctimas en el caso concreto era previsible y ampliamente conocida por las autoridades y por ello exigían la intervención oportuna del Estado a través de estrategias de defensa y prevención a favor de la población civil, que al no presentarse permitieron la expansión y reiteración de estrategias subversivas de los grupos armados», señaló el tribunal.

El fallo completo fue publicado en la cuenta oficial de Twitter de la Policía Nacional. 13 años después dela situación de desplazamiento, Arnoldo y su familia fueron incluidos en el RUV (Registro Único de Víctimas).

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Juan Gómez

juan.gomez@confidencialcolombia.com

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