La senadora Sonia Bernal Sánchez y las representantes a la Cámara Alexandra Vázquez y Jennifer Pedraza radicaron un proyecto de ley que busca poner freno al delito de ‘Trata de Personas’ a través de internet.

Las congresistas, junto a expertos y sobrevivientes, abordaron en dicho foro las tendencias actuales del delito de trata de personas, con un enfoque especial en entornos digitales. Asimismo, se discutieron los desafíos que enfrenta la legislación actual en la lucha contra este flagelo.

Este proyecto de ley, que cuenta con el apoyo de diferentes organizaciones sociales, también aborda la trata de personas en contextos de migración irregular, enfocándose en la crisis del paso por la selva del Darién y el cierre fronterizo por parte del Gobierno de Panamá.

En el 2023, Colombia registró un alarmante incremento en los casos de trata de personas, con un total de 264 denuncias, lo que representa un aumento del 64% en comparación con el año anterior. Este preocupante aumento pone a la cifra del 2023 como la más alta en los últimos quince años, según la Procuraduría General de la Nación.

De acuerdo con los datos del Centro Operativo Anti-Trata (COAT) del Ministerio del Interior, hasta junio del 2024 se han reportado ya 190 casos. Las estadísticas revelan que el 82% de las víctimas de trata son mujeres, y el 73,6% de estos delitos tienen como finalidad la explotación sexual. La distribución geográfica de estos casos es igualmente inquietante, con Bogotá reportando 128 casos, seguida de Valle del Cauca con 113, Nariño con 69 y Antioquia con 67.

Las víctimas de trata en Colombia pertenecen mayoritariamente a los estratos socioeconómicos más bajos, con un 54,6% del estrato uno y un 27,9% del estrato dos. La violencia de género es un factor predominante, con más del 60% de los casos desde 2008 afectando a mujeres, y en el 2023 alcanzando hasta el 90%.

Además, organizaciones no gubernamentales y autoridades gubernamentales identificaron en 2023 un total de 1.273 posibles víctimas, de las cuales 602 fueron explotadas sexualmente, 40 en trabajos forzados y 631 en formas no especificadas de explotación. La situación global, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), estima que por cada víctima identificada existen 20 más sin identificar, subrayando la magnitud oculta de este crimen.