La Corte Constitucional tumbó uno de los 11 decretos que el gobierno de Gustavo Petro había expedido con respecto a la petición de emergencia económica y social que declaró para La Guajira en julio.

El decreto en cuestión estaba pensado específicamente para ser un piloto de lo que iba a ser la reforma a la salud con la comunidad wayuu, pero el proyecto no se ha aprobado en el Congreso.

El argumento principal de los magistrados de la Corte Constitucional es que tales medidas de carácter estructural y de larga data no pueden ser adoptadas por el Ejecutivo, sino en casos puntuales podría tener atribuciones legislativas.

La decisión se da un par de semanas después de que el ente judicial tumbara la declaratoria de emergencia social de La Guajira con un argumento similar al de esta decisión.

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