La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió investigación formal contra cinco congresistas y un excongresista por sus posibles vínculos con el escándalo judicial que rodea a la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres (UNGRD).

Estos congresistas son: Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Wadith Alberto Manzur Imbett, Julián Peinado Ramírez, Karen Astrith Manrique Olarte y al excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera.

De acuerdo con pruebas documentales en manos de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, estos congresistas miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP), habrían aceptado emitir conceptos respecto de operaciones de crédito público presentadas por el Ministerio de Hacienda, a cambio de dádivas que se materializarían en contratos de la UNGRD.

Dice la Corte que «los aforados habrían acordado dádivas, correspondientes a proyectos que se tramitarían en la UNGRD, en Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y en Carmen de Bolívar (Bolívar)».

La investigación preliminar permitió evidenciar que, en los últimos dieciocho días del periodo de sesiones del año pasado, entre el 28 de noviembre y el 15 de diciembre, en la CICP se emitieron trece de los dieciocho conceptos que, en total, el Ministerio de Hacienda presentó a consideración de los miembros de esa comisión durante el 2023.

En esta indagación se encuentra además el senador Julio Elías Chagüi Flórez. En su caso, la Sala consideró que las supuestas irregularidades de las que se lo señala corresponden a situaciones distintas a las que se investigan en este momento.