La crisis humanitaria en el norte de Chocó no da espera y la Defensoría del Pueblo instó a a las autoridades de orden nacional, departamental y local para que se pusieran de acuerdo en medidas que puedan hacerle frente a las situación que viven los habitantes de la zona.
Por lo menos en los municipios chocoanos Nuquí, Juradó y Bahía Solano hay un fuerte hostigamiento que afecta a civiles por el accionar del ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC – Clan del Golfo),
“Necesitamos que nuestro llamado sea atendido: es urgente la implementación de un plan integral de protección de los derechos humanos de toda la población de la subregión chocoana del Pacífico Norte”, dijo el defensor del Pueblo, Carlos Camargo
Entre las consecuencias de esta situación está la suspensión del servicio de lancheros por temor a ser interceptados por los grupos ilegales. De hecho, se reportó el caso de uno que fue bajado de su lancha por un grupo de armados y a los días se supo de su asesinato.
Por lo menos 30 personas han sido amenazadas en Juradó y también encontraron a un civil muerto. “Quieren desplazarse hacia Panamá, donde tienen familiares, pero no pueden hacerlo porque no están sellando pasaportes en Migración Colombia. La razón es que las oficinas de esa entidad gubernamental en Bahía Solano y Juradó suspendieron los servicios porque sus funcionarios argumentaron sentirse inseguros”, explicó Carlos Camargo Assis.
La situación en Bahía Solano no es mejor, pues el 12 de diciembre grupos ilegales dejaron un cadáver en el casco urbano y al día siguiente también fue ultimada una persona.
En el caso de Nuquí, el 13 de diciembre fue encontrado el cuerpo de un hombre con un cartel de las AGC, en el sitio que conduce, por el margen de la playa, al corregimiento Tribugá.
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