Reclamantes de restitución de tierras, víctimas de la violencia paramilitar y organizaciones sociales y de derechos humanos rechazaron el nombramiento de José Augusto Rendón García como Defensor del Pueblo Regional en el Urabá, mediante la Resolución 298 de 2021.

A juicio de las víctimas, Rendón García, en su calidad de apoderado de despojadores de tierras en la región, profirió “advertencias” sobre nuevos ciclos de violencia paramilitar en caso de que las víctimas se negaran a hacer acuerdos con los empresarios y siguieran impulsando procesos de restitución en la zona.

«Sus representados en el pasado, a partir de un vínculo de estrecha confianza, tienen en común el ser compradores de tierras que fueron enajenadas mediante elaborados mecanismos de cooptación, coacción y violencia ejercida sobre campesinos y comunidades étnicas en una región dominada por la presencia de actores armados ilegales», dicen las víctimas en comunicado conocido por Confidencial Colombia.

En sentido, destacaron casos como el de la familia Argote, que en virtud de diversos procesos de restitución de tierras se han visto condenados por la justicia a devolver tierras en el municipio de Chigorodó. «Esta familia se destaca por la vinculación de algunos de sus integrantes a procesos judiciales, dada la cercanía comercial y funcional de sus empresas con organizaciones paramilitares para el manejo de sus finanzas», indican.

Así mismo, las víctimas y organizaciones indican que el nuevo Defensor del Pueblo regional ha fungido como apoderado judicial de Heriberto Salvador Romero Cortez y Luz Marina Maya, «opositores reconocidos en un proceso de restitución individual que fue acumulado a la solicitud de restitución de derechos territoriales del Consejo Comunitario de los ríos La Larga y Tumaradó (COCOLATU)».

«En el marco de la medida cautelar solicitada por la Defensoría del Pueblo en 2014 a favor de COCOLATU, se destacan las intervenciones del ahora Defensor Regional que, además de desconocer de plano la naturaleza e importancia del proceso de restitución de tierras, fueron manifestaciones cargadas de hostilidad y de una intención claramente intimidatoria hacia las comunidades reclamantes», precisan.

Ademán, refieren que, «a lo anterior se suman prácticas como la promoción de acuerdos entre reclamantes y los empresarios a los que representa y a quienes él trata como “campesinos”. Dichos empresarios actúan en contra de los derechos de los verdaderos despojados y buscan legitimar los procesos históricos que permitieron la presencia de actores armados y que terminaron por representar grandes beneficios para los empresarios del banano en el Urabá».

Para las organizaciones, el nombramiento de Rendón García debe ser catalogado como una afrenta hacia la dignidad de las víctimas y sus organizaciones que han luchado luchado por décadas para recuperar el derecho a la tierra que fue usurpado entre otros factores «gracias a un fenómeno de cooptación de la institucionalidad que pareciera estar destinado a repetirse en el presente».

Finalmente, las víctimas indican que el nombramiento de Rendón García se suma a una serie de situaciones irregulares que atentan contra el principio de no repetición que contempla la Ley 1448 de 2011, «situación como la ocurrida en el año 2019 con el Juez Segundo de Apartadó, Alejandro Rincón Gallego, agredió a amenazó a una mujer víctima por atreverse a reclamar las tierras de los bananeros en una audiencia en la que ese juez aseguró que la restitución de tierras era “la mentira más grande en Colombia”, o la entrega de la dirección territorial de la Unidad de Restitución de Tierras a Dayra Reina Hernández, otra reconocida defensora de opositores y declarada enemiga de la restitución».