La Fiscalía General de la Nación desmintió este miércoles al ministro de Defesa, Diego Molano Aponte, sobre las presuntas capturas que reportó el funcionario en la polémica operación militar adelantada por las fuerzas militares en Puerto Leguizamo (Putumayo) el pasado 28 de marzo.

Según la declaración oficial del ministro de Defensa en la operación militar habían sido «neutralizados» nueve integrantes de las disidencias mientras que cuatro más habían sido capturados.

#ATENCIÓN Gracias a operaciones ofensivas de la Fuerza Pública, que continúan en desarrollo, contra disidencias de las Farc, neutralizamos a 9 criminales y capturamos a 4 más en Puerto Leguízamo, Putumayo. #ConTodasNuestrasFuerzas protegemos a Colombia de estos #SímbolosDelMal.

— Diego Molano Aponte (@Diego_Molano) March 28, 2022

Sin embargo, la Fiscalía aclaró en un comunicado que hizo público este miércoles que, sólo recibió la información sobre las tres personas heridas y un menor de edad recuperado.

«El componente militar a cargo de la actividad conocida no reportó captura alguna ni proporcionó las actas que soporten un procedimiento de este tipo», precisó la Fiscalía.

Así mismo, el ente investigador señaló que «no ha puesto personas a disposición de jueces de control de garantías».

Finalmente, la Fiscalía General de la Nación precisó que continúa con las labores investigativas a afectos de esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades a las que haya lugar.

#ATENCIÓN | Comunicado oficial de la #Fiscalía General de la Nación. pic.twitter.com/9AJtqGBaoh

— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) April 6, 2022

Cabe señalar que frente a esta operación militar han surgido versiones que indican que fue una «ejecución extrajudicial» en lo que para muchos es ya un nuevo episodio de ‘falsos positivos’.

«Los testimonios coinciden en que lo que hubo fue una incursión armada del Ejército haciéndose pasar por la guerrilla. Dicen que llegaron al menos cuarenta hombres con camisetas negras y encapuchados, disparando al caserío», ha contado la directora de la Asociación Minga, Diana Sánchez.

Sánchez ha denunciado que la constante presencia de militares en la zona ha provocado que autoridades como la Fiscalía no haya podido iniciar con anterioridad y precisión las investigaciones pertinentes, con las irregularidades que ello conlleva.

«La Fiscalía llegó cinco días después de los hechos, no tenía acordonada la zona, que se había visto afectada por la lluvia y los animales que circulan por el territorio. Además, la gente estaba dando los testimonios a la Fiscalía, y ahí estaba el Ejército. ¿Con qué garantías y en qué condiciones la gente puede hablar tranquilamente?», se ha preguntado Sánchez.