El Gobernador del Chocó, Ariel Palacios, se encuentra en la mira de la Justicia luego que un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia anunciara imputación por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y prevaricato por omisión.

Los hechos investigados que hoy tienen en el banquillo de los acusado al mandatario chocoano están relacionados con el contrato N°003, suscrito el 3 de abril de 2020, que tenía por objeto garantizar el suministro de elementos de bioseguridad en atención a la pandemia por el COVID – 19.

De acuerdo con la Fiscalía, las evidencias dan cuenta de que el mandatario celebró el citado contrato, cuyo valor superó los $220’000.000, de manera directa y en medio de varias posibles anomalías como: ausencia de motivación y descripción de la necesidad, cantidad, tipo y destinación de los artículos; presuntas falsedades en la etapa precontractual y falta de idoneidad del contratista.

Así mismo la Fiscalía precisó en un comunicado que el gobernador Palacios no habría verificado el cumplimiento de requisitos esenciales, entre estos el de publicar el contrato en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP) dentro de los tres días después de la celebración.

“El material de prueba indica que esto, al parecer, se hizo tres meses después”, señaló el ente investigador.