El senador Iván Cepeda denunció este jueves que en la operación realizada por las Fuerzas Militares contra el Frente de Guerra Occidental del ELN, el pasado 16 de septiembre en la zona selvática del Litoral de San Juan en el departamento de Chocó, cuatro de las ocho muertes se corresponden a adolescentes, incluido un joven de 13 años.
La operación fue presentada como exitosa por parte del Ministro de Defensa, al señalar que en ella se había dado de baja a varios guerrilleros y herido de muerte a alias ‘Fabián’. Sin embargo, como en otras ocasiones, el Ministro no informó a la opinión pública que dentro de los abatidos hubiese adolescentes. Pese a que esta situación fue confirmada por el Instituto Nacional de Medicina Legal, la sociedad colombiana solo la conoce tres semanas después, luego de que el senador Iván Cepeda dirigiera un derecho de petición al INML y en la respuesta este organismo informara de la existencia de “cuerpos de menores de edad” recibidos por el Instituto para la práctica de necropsia medicolegal y que “según la documentación entregada por las autoridades competentes, están relacionadas con hechos ocurridos el 16 de septiembre de 2021 en el municipio de El litoral de San Juan – Chocó”.
Durante el último año, el reclutamiento forzado aumentó en más de un 113%, incluso la Defensoría del Pueblo advirtió en 45 alertas tempranas que en 238 municipios de 5 departamentos del país, entre ellos Chocó, había un alto riesgo de reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados ilegales. Pese a ello, contrario a desarrollar una estrategia integral para prevenir y atacar este flagelo, el Gobierno nacional ha decidido utilizar mecanismos de guerra sin observancia de los principios básicos de protección, prevención y precaución, convirtiéndose así en autor, al igual que los grupos armados ilegales, de graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
El Gobierno nacional se ha caracterizado por desconocer que los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en poder de grupos armados ilegales son víctimas de reclutamiento forzado, y por el contrario insiste en darles tratamiento de combatientes, ubicarlos como “objetivos legítimos” y llamarlos “máquinas de guerra”, como lo hizo el ministro de Defensa, Diego Molano, quien meses después de su declaración, no solo no se ha retractado, sino que insiste en las mismas operaciones de guerra contrarias al DIH. Este hecho, se suma a lo ocurrido el 29 de agosto de 2019 en Caquetá, durante la operación Ataí y el 2 de marzo de 2021 en el Guaviare.
Ante estos sucesos, el senador Iván Cepeda le solicitó al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y a la Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas sobre los Niños en los Conflictos armados, que realicen una visita al país para conocer de primera mano la terrible situación que enfrenta la niñez con ocasión del reclutamiento forzado y del tratamiento de guerra que han recibido por parte de las Fuerzas Militares, y examinen las medidas adoptar en el marco de su mandato.
“La responsabilidad en la protección de la vida de los niños y niñas no corresponde únicamente a los grupos armados promotores del reclutamiento, quienes deben responder por cometer este crimen de guerra. El Estado colombiano tiene una obligación internacional de protegerlos. Sin embargo, ha sido una constante de las Fuerzas Militares realizar el método de mayor impacto y daño a la vida sin distinción: los bombardeos. No hay nada más excesivo que matar a niños y niñas reclutados en un contexto de vulnerabilidad y abandono estatal para conseguir una ventaja militar que se podía obtener por otros medios” señaló el senador Cepeda.
Finalmente, en la comunicación recordó que, con base en los principios del Derecho Internacional Humanitario, todas las actuaciones militares deben llevarse a cabo bajo estricta precaución, es decir, que una operación militar debe causar el menor daño posible respecto a la ventaja militar esperada. En este marco y bajo el interés superior de los niños y de las niñas, debe darse prioridad a preservar la vida de toda la niñez que se encuentre vinculada a los grupos armados, entendiendo que se trata de víctimas del conflicto.
