El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Hacienda busca aumentar la política de austeridad, aumentando a las estrategias heredadas por el Gobierno Duque, algunas propias como recortes a los contratos de vigilancia y seguridad; aumentar los requisitos para la contratación por prestación de servicios y medidas mucho más estrictas en materia de publicidad estatal.

En el borrador del decreto del  Ministerio de Hacienda que contiene el plan de austeridad que deberá firmar el presidente Gustavo Petro en las siguientes semanas, se estipula la posibilidad de establecer mayores requisitos para las ordenes de prestación de servicios, como la justificación   detallada de la necesidad que existe en la entidad, caso por caso, con las cifras de procesos, el número de proyectos, la gestión mensual, razones de la complejidad del servicio a contratar y el tiempo durante el cual se requerirá ese apoyo, que en ningún caso tendrá vocación de permanencia”

Se deja claro además que las entidades no podrán justificar un contrato de este tipo en que necesitan más personal si en sus plantas hay cargos vacantes por más de seis meses. Esto con el fin de que aceleren el nombramiento de personas como funcionarios de planta.

A esto hay que sumarle la orden presidencial de recortar los contratos de prestación y otros rubros de gasto en un 30 % en el año 2023.

Otra de las medidas que piensa tomar el Gobierno para reducir los gastos tiene que ver con los contratos de vigilancia y seguridad privada.

“Las entidades evaluarán la viabilidad de implementar dispositivos tecnológicos como cámaras, alarmas u otros dispositivos, con el fin de reducir el gasto con este tipo de contratos”, indica el artículo 13 del borrador.

Para no descuidar la seguridad en las entidades, se incrementaría el número de cámaras y dispositivos de vigilancia.

En lo que tiene que ver con las medidas dejadas por el Gobierno de iván Duque, se dará continuidad a la no autorización de gastos en regalos o artículos de mercadeo (como agendas, pocillos, entre otros), se pide desmontar el pago de celulares corporativos y se busca que todo el mundo compre tiquetes aéreos en clase económica a menos que sea un viaje de más de ocho horas.

La publicidad deberá ser autorizada por el Departamento Administrativo de la Presidencia.