Europa Press
La delegación del Gobierno de Colombia que negocia la paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha advertido este martes a la guerrilla de que se «se equivoca gravemente» si cree que puede seguir con los secuestros tras anunciar que los retomaría ante la «poca voluntad» de hallar nuevas fuentes de financiación.
«Se equivoca gravemente el ELN si cree que puede secuestrar colombianos porque al margen de incumplir los acuerdos firmados (…) la sociedad colombiana no acepta un secuestro más», ha señalado José Félix Lafaurie, uno de los integrantes de la mesa negociadora del Gobierno.
Lafaurie ha rechazado que exista una relación entre el fondo que reclama la guerrilla para financiar el proceso de paz con dejar de lado la práctica del secuestro. Colombia no acepta, la sociedad colombiana no acepta secuestrar y al mismo tiempo dialogar con un grupo en armas», ha advertido.
En la víspera, el ELN emitió un comunicado anunciado que de forma unilateral había decidido reiniciar la práctica del secuestro con fines económicos debido a la «falta de voluntad» del Gobierno para crear un fondo para financiar las labores y la organizaciones de quienes integran la guerrilla y negocian la paz.
Tras el anuncio, la mesa negociadora del Gobierno apuntó que la promesa de crear dicho fondo nunca se dio como «contraprestación» a la suspensión del secuestro, de cualquier otra actividad delictiva, u otra acción específica como el alto el fuego.
«Siempre se le ha dejado en claro al ELN que el comercio con seres humanos no tiene ninguna clase de justificación y su eliminación no es objeto de ninguna transacción por parte del Estado colombiano», zanjó la Delegación de Paz.
En febrero, durante el sexto ciclo de negociaciones que tuvo lugar en La Habana, ambas partes acordaron la creación de dicho fondo a cambio de que la guerrilla renunciara a las «retenciones económicas», tal y como define el secuestro.
A pesar de este último revés, el ELN ha asegurado que cumplirá con el alto el fuego decretado en agosto de 2023 y prorrogado durante 180 días en enero, mostrando su disposición a «retomar y acordar» nuevos pactos para solucionar el conflicto.
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