Luego de la divulgación de un de la Contraloría Distrital de Cartagena con hallazgos fiscales por posibles irregularidades en la firma y ejecución de un contrato firmado por la Alcaldía de La Heroica y Aguas De Cartagena, durante las administraciones de William Dau y Dionisio Vélez, se desató una tormenta de declaraciones entre un lado y el otro.

Mientras la Alcaldía de Cartagena sostiene que el ente de control local no tiene las facultades legales y constitucionales para realizar inspecciones a sus instalaciones con fines de auditoría, porque según la entidad, esta labor le corresponde a la Contraloría General de la República, el sindicato de la Contraloría de Cartagena defiende la actuación.

«La Contraloría Distrital, como órgano de control fiscal en el ámbito territorial, tiene el deber de realizar auditorías, inspecciones y actuaciones encaminadas a garantizar el uso eficiente de los recursos públicos. Esta función se encuentra establecida en los artículos 267 y 272 de la Constitución Política de Colombia, que facultan a las contralorías territoriales para ejercer control posterior y selectivo sobre los recursos del ente territorial», dice el comunicado de Sindicatos de la Contraloría Distrital de Cartagena de Indias (Sineconcar).

El sindicato niega que la actuación fiscalizadora corresponda a una represalia por parte del órgano de control por el recorte presupuestal al que fue sometida por parte de la Alcaldía en el Presupuesto General de Cartagena, como lo asegura la Alcaldía.

«Es preocupante que se pretenda vincular una legítima actuación fiscalizadora con una presunta represalia frente a la reducción del presupuesto asignado a la Contraloría para el año 2025. Recordamos que una disminución del 31% en el presupuesto afecta directamente la capacidad operativa de nuestra entidad para cumplir con su misión constitucional de vigilar los recursos públicos, lo que podría generar un debilitamiento institucional en perjuicio de los intereses de los ciudadanos», afirma el texto.

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