La Procuraduría General de la Nación pidió al alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, a tomar las medidas que permitan garantizar los derechos a la dignidad humana, la vida y la salud de las personas privadas de la libertad -PPL- que se encuentran en condiciones de hacinamiento en tres estaciones de Policía y en el Centro Transitorio de Detención Bellavista, en esa ciudad.
El órgano de control hizo el requerimiento, luego de que la Procuraduría Provincial de Cartagena, visitó las estaciones Caribe Norte, Caracoles y Virgen y Turística, así como las celdas del centro Bellavista, llegando a la conclusión de que estas no cuentan con las condiciones mínimas de salubridad y bioseguridad, lo que pone en riesgo no solo a las PPL, sino también al personal de custodia y a sus familiares.
El Ministerio Público estableció que la estación Caribe Norte es la que tiene el nivel más alto de hacinamiento, al contar con 108 PPL y un índice de ocupación de tan solo 0,52 metros cuadrados en promedio para cada uno. Le siguen Caracoles, con un total de 115 personas y 0,67 metros cuadrados; Virgen y Turística, que tiene 35 PPL y su promedio de ocupación es de 0,89 metros, y las celdas de Bellavista, con 200 PPL para un porcentaje de 1,06 metros cuadrados para cada una.
En la estación Caribe Norte, el Ministerio Público alertó por el estado en el que se encuentran tres mujeres privadas de la libertad, que permanecen en un espacio a la intemperie y sin servicio sanitario, lo que obliga a su desplazamiento a un baño apartado de las celdas, el cual está en condiciones deplorables.
El órgano de control encontró que 153 personas han permanecido entre seis meses y un año en estos sitios de reclusión transitoria, sin que se ordenara su traslado a centros carcelarios. Otras 237 llevan en promedio entre un mes y cinco meses, y siete manifestaron tener más de un año en estos sitios sin que resuelvan su traslado.
El Ministerio Público evidenció además que la ausencia total de elementos técnicos para que se conecten a las audiencias públicas de sus procesos, pues no hay servicio de internet ni computadores disponibles para tal fin.
También estableció que la alimentación es suministrada por los propios familiares de las PPL, lo que genera una carga adicional al personal de custodia, pues deben revisar todos los elementos que ingresan a las sedes.
Sobre las condiciones de seguridad, el órgano de control señaló que en varias oportunidades las celdas de Bellavista se han quedado sin servicio eléctrico, lo que generó reacciones y reclamos por parte de quienes se encontraban en el lugar.
El Ministerio Público puntualizó que esta situación registrada “debe verse de manera integral, pues la misma afecta a toda una sociedad que espera justicia pronta, y ante la imposibilidad de efectuar las audiencias no se resuelve la situación judicial de los detenidos, debiendo los jueces optar por medidas de detención domiciliaria dejando a la sociedad en riesgo de la configuración de la reincidencia, en una ciudad con crecimiento del hurto en un 73%, violencia intrafamiliar en un 50% y con más de 14 homicidios por hurto en lo corrido del presente año”.
