El presidente Gustavo Petro, propuso que el Estado pague entre uno y cinco millones de pesos colombianos –entre 222 y 1.112 euros– a aquellos ciudadanos que denuncien con pruebas la compraventa de votos.

«La compra de votos no debe ser permitida en ninguna parte del territorio nacional. Si se vende el voto, se da inicio a todo el proceso de la corrupción de Colombia», ha denunciado el mandatario en su perfil oficial de la red social X, antes conocido como Twitter.

Asimismo, Petro ha señalado que todos los jefes seccionales de la Policía serán evaluados de acuerdo con el porcentaje de detenidos por delitos contra el sufragio; y ha incidido en que «toda la Inteligencia nacional debe centrarse en la detección de la compra del voto».

«Le solicito a la ciudadanía grabar toda actividad irregular que detecte en las campañas y enviárnoslas», ha añadido Petro en una publicación en sus redes sociales en la que recoge un vídeo de un supuesto comprador de votos.

Por otro lado, el ministro del Interior de Colombia, Luis Fernando Velasco, ha incidido que «hay que hacer una campaña muy fuerte contra la compra de votos», y ha asegurado que el Ejecutivo está terminando de evaluar las recompensas propuestas por Petro.

De inmediato se conocieron las voces que se oponen a esta idea como la del senador del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, quien le recordó al primer mandatario que la ley ya contempla sanciones para quienes compren votos en el país y lo cuestionó por las denuncias que hoy hay en su contra por posibles irregularidades cometidas en la financiación de su campaña.