Las medidas cautelares fueron solicitadas por la Fundación Forjando Futuros, CYNEP y Comisión Intereclesial de Justicia y Paz para la protección de líderes de tierras en Belén de Bajirá (límite entre Antioquia y Chocó). Se trata de representantes del Consejo Comunitario de los ríos La Larga y Tumaradó (COCOLATÚ) y 21 familias campesinas reclamantes de tierras.

La JEP con este auto le ordena a diferentes entidades como: El Ministerio del Interior, UNP, Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército, Policía, Fiscalía, entre otros, que implemente las políticas públicas de protección, promoción, respeto y garantía de los Derechos Humanos.

En la zona, aseguran, persiste la zozobra “como líderes hay mucha inseguridad para nosotros, no hay garantías por eso se solicita las medidas de protección para podernos mover de un lado a otro en el trabajo comunitario” dice Alfranio Solano, líder reclamante de tierras.

Los líderes insisten en que las acciones de seguridad como esquemas ofertados por la UNP no han sido suficientes. Al momento de los homicidios sólo 2 líderes contaban con estos mecanismos y no fueron suficientes para salvaguardar su vida. Los esquemas tanto individuales como colectivos se han enfocado en la dotación material (chalecos antibalas, celulares, camionetas, escoltas, etc.), pero ha dejado de lado la protección comunitaria prevista en el Decreto 2078 de 2017.

En el ámbito nacional durante 2022 han sido asesinados 135 líderes sociales, de estos 15 son del departamento de Antioquia, uno de los departamentos donde más casos junto a Cauca, Valle del Cauca, Arauca, Nariño y Putumayo.

Al nuevo gobierno los líderes le han pedido fortalecer las medidas de protección pues insisten en que la violencia persiste por la impunidad; exigen a las autoridades judiciales la investigación y sanción de los responsables de atentar contra las y los defensores de derechos humanos.