La Sala Especial de Primera Instancia condenó a 21 años y 7 meses de prisión al exgobernador del Valle, Juan Carlos Abadía Campo, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros agravado por la cuantía. La Corte le negó la ejecución condicional y la prisión domiciliaria, por lo cual se dispuso la privación inmediata de su libertad.

Las irregularidades que señala el alto tribunal tienen que ver con un convenio de cooperación, suscrito el 29 de enero del 2010 por el entonces gobernador y el secretario de educación departamental, con la fundación ‘Calimío’, cuya finalidad era dotar de material bibliográfico a 40 bibliotecas escolares en 10 municipios del departamento. Este convenio se fijó por un valor de $1.072 millones de pesos.  

La Sala Especial de Primera Instancia encontró que se incumplieron los requisitos en el trámite y celebración de esta contratación, realizada sin verificar las condiciones legales para su perfeccionamiento. Además, se acudió a un convenio de interés público con el fin de no hacer una licitación y favorecer a terceros, pues lo contratado implicaba una contraprestación y el monto superaba la menor cuantía. Tampoco se elaboraron estudios previos serios y completos en los que se identificara las necesidades reales de las instituciones educativas que se pretendía beneficiar.

Se demostró además que la fundación contrató la adquisición de los libros a dos empresas y, en esas negociaciones, hubo sobrecostos que les permitieron a los representantes legales de la entidad sin ánimo de lucro, y a esas dos empresas apropiarse de recursos públicos. De acuerdo con la sentencia condenatoria, para dotar de bibliotecas a las instituciones educativas y cumplir el objeto del convenio, el 28 de febrero de 2010, la fundación suscribió por $1.000.000.000.00 el contrato de suministro con la empresa “Ediciones Alfa y Omega” gerenciada por Luz Piedad Hurtado Cardona, la cual compró a “Ediciones La Clave del Saber” representada por su esposo, José Antonio Rodríguez Molina, los textos del convenio que este adquirió con otras editoriales por tan solo $182.517.600.00.

El fallo obliga al exgobernador al pago de una multa de $817.482.400, más 187,4 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época de los hechos, para un total de $914.271.500. Además, fue inhabilitado para el ejercicio de derecho y funciones públicas por 240 meses