Berta Ramírez Torres y a la patrullera de la Policía Nacional, Daniela Echeverry Gómez, fueron judicializadas por su presunta participación en una red de trata de personas con fines de explotación sexual comercial que delinquía en Cartagena (Bolívar).

las investigaciones dan cuenta de que estas personas, al parecer, captaban jóvenes en condición de vulnerabilidad y las inducían a ofrecer servicios sexuales en el sector de la Torre del Reloj y otros sitios del Centro Histórico de la ciudad.

En ese sentido, se estableció que Ramírez Torres sería la principal articuladora de la organización ilegal. El material probatorio indica que esta ciudadana utilizaba como fachada la venta de paquetes turísticos y masajes y mediante esta modalidad, entregaba a turistas nacionales y extranjeros un catálogo de mujeres que eran contactadas por ella para que cumplieran los servicios sexuales solicitados, obteniendo a cambio una comisión que ascendía a 200.000 pesos por cada víctima.

Como parte de las acciones desplegadas por la Fiscalía fueron recuperadas tres víctimas, una de ellas era la hija de Berta, quien habría sido explotada sexual y comercialmente junto con dos jóvenes de nacionalidad  Venezolana.

De otra parte, se logró establecer que la patrullera Daniela Echeverry Gómez habría captado a integrantes de su misma institución para que ejercieran actividades de tipo sexual y los dineros obtenidos producto de la actividad ilegal eran repartidos con Bertha Ramírez Torres.

Ante la contundencia de los argumentos presentados por una fiscal del Grupo de Trabajo Nacional de Violencia de Género, un juez de control de garantías concedió medida de aseguramiento en centro carcelario contra estas dos mujeres por los delitos de: trata de personas e inducción a la prostitución. Las procesadas no aceptaron cargos.